Peschard, Woldenberg y Merino llaman a dar una batalla intelectual y política contra la reforma electoral y el “plan B” de AMLO

Al calificarla como una reforma regresiva y antidemocrática, los exconsejeros del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Jacqueline Peschard, José Woldenberg y Mauricio Merino, coincidieron en que la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López es popular, pero lo que realmente pretende es alinear a las autoridades electorales a su voluntad, borrar la pluralidad de partidos, la competencia y cambios de gobierno, la fiscalización y la resolución pacífica de los conflictos postelectorales. Por ello, llamaron a dar una batalla intelectual y política para frenar esa iniciativa y el plan “B” del gobierno en esa materia.

Al participar en el consejo consultivo “Pensando en México” del partido Movimiento Ciudadano (MC), Jacqueline Peschard expuso ampliamente el trasfondo de la iniciativa del presidente López Obrador. Opinó que no es una reforma para fortalecer lo que ya funciona bien y tampoco para hacer una institución menos costosa. Indicó que lo único positivo de la iniciativa es la introducción del voto electrónico.

Se trata de una auténtica contrarreforma, porque pretende disminuir el andamiaje electoral construido en las últimas tres décadas que ha mostrado ser capaz de organizar elecciones justas, libres y disputadas. Todo eso está amenazado por la iniciativa de reforma del presidente, que pretender el control centralizado del aparato electoral, asentado un golpe a la competencia política, a la pluralidad en los comicios y a los pesos y contrapesos en la representación política, alimentando el regreso a un régimen autoritario”, advirtió.

Jacqueline Peschard y José Woldenberg coincidieron en que la propuesta de elegir mediante voto ciudadano a consejeros y magistrados es popular, pero en realidad existe el riesgo de que sean elegidos únicamente los candidatos del presidente y con ello poner en riesgo la equidad y certeza de las campañas y resultados electorales.

Peschard precisó que el voto electivo para consejeros y magistrados provocaría que éstos tuvieran un vínculo directo con los partidos, ya que los ciudadanos votarán listas de los tres Poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo). “Esto quiere decir que los candidatos que surgieran serían vinculados a estos tres poderes, y el Ejecutivo y Legislativo ya están dominados por un partido, y hemos visto que el otro (Judicial) se ha subordinado".

Woldenberg Karakowsky añadió que la única posibilidad que tendrían los aspirantes para hacer campaña sería coaligándose con algún partido, los únicos con el aparato para hacer campaña. “Y podríamos acabar con consejeros propuestos por el presidente y los siete magistrados, porque es probable que los candidatos lleven una ventaja sobre los demás”, sostuvo. Consideró que ello eliminaría la imparcialidad en las contiendas.

En riesgo sucesión presidencial del 2024

Jacqueline Peschard planteó que la propuesta presidencial no tiene ningún diagnóstico previo, además de carecer de legitimidad, ya que al pretender una nueva forma de elegir a las autoridades electorales, debería ser aceptada y no rechazada -como ahora- por la oposición.

Y lo que hace es presentarse de manera unilateral y tiene el propósito de trastocar todo el edificio electoral y volver a una situación de más de 30 años. Lo que se quiere es alinear a la autoridad a la voluntad del Presidente. Se quieren evitar la pluralidad, la competencia, la fiscalización, la justicia electoral. Es un retroceso a lo que teníamos hace 30 años con el PRI”, sostuvo.  

Añadió que se pretende desnaturalizar al Instituto Nacional Electoral (INE), ya que no ha habido conflicto postelectoral desde la última reforma y se ha logrado una alternancia del 65% en las elecciones, por lo cual el 70% de los mexicanos confía en ese instituto.

Alertó que la propuesta de Morena y del Presidente pone en riesgo la transmisión pacífica del poder en 2024, porque a escasos 10 meses de iniciar el proceso electoral para la sucesión presidencial, no habrá tiempo para implementar la reforma con certeza. “Se compromete uno de los valores fundamentales que es la certidumbre, y queda en duda si se pretende cambiar todo”, sostuvo

Advirtió que quitarle al INE la operación del padrón electoral y entregarlo al gobierno, como pretende la iniciativa. “volveríamos a la época de ciudadanos con más de un voto, o rasurados del padrón electoral por opositores”.

Destacó que la eliminación del servicio profesionalización electoral como función del Estado, y sustituirlo por empleados temporales, implicaría que los trabajadores dependan del gobierno  o del partido en el poder.

Calificó como un “golpe a la competencia política y a la pluralidad”, así como un ataque al federalismo el pretender reducir representantes populares en los Congresos, ayuntamientos y alcaldías.

Precisó que desaparecer 200 curules en la Cámara de Diputados y 32 en el Senado de la República, y que la elección sea mediante una sola lista por entidad (3 por entidad para el Senado y entre 2 y 4 por estado para la Cámara de Diputados), implicaría que en “en las 10 entidades federativas con 10 o más diputaciones podrán tener representación los partidos más pequeños., pero en los 12 estados donde sólo hay entre 2 y 5 diputaciones en disputa, los partidos más grandes se apoderarían de los escaños, dejando sin espacios a los partidos minoritarios”.  

Indicó que reducir el financiamiento a partidos es una medida muy popular pero riesgosa, además de que significaría un debilitamiento al sistema de partidos, ya que éstos dependerían de financiamiento de grupos económicos o, peor, delincuenciales.

Mencionó que si se toma en cuenta que el costo estimado de una elección nacional es de 8,000 millones de pesos, la propuesta presidencial de desaparecer los institutos electorales estatales (OPL) no generaría ahorros, pues esos recursos tendrían que destinarse a la nueva autoridad nacional que asumiría sus funciones, además de que la cancelación de la estructura estatal significaría un crecimiento del nuevo órgano nacional.

“Requerimos de una exigencia social fuerte a lo que logramos en la marcha del domingo para que pongamos toda la presencia sobre el PRI, para que no pase esta reforma (constitucional), pero que tampoco pase el Plan B (una reforma legal)”, demandó Jacqueline Peschard.

José Woldenberg resaltó que la historia reciente de nuestro sistema electoral es conocida y ha pasado por ocho reformas de 1988 al 2014, en todas para plantear mejoras en la imparcialidad, equidad, certeza, representatividad de la pluralidad y no exclusión en las elecciones.

Distorsión del concepto de democracia

Por su parte, Mauricio Merino dijo preocuparle que el presidente López Obrador desvirtúe en sus conferencias de prensa el concepto de democracia, al señalar que ésta no existía porque él no ganaba las elecciones.

“Al borrar deliberadamente y estigmatizar todo lo que se ha hecho estos años, el Presidente ha ignorado todo el esfuerzo de construcción institucional que se ha hecho para avanzar en procesos más completos de rendición de cuentas, combatir la corrupción en una mirada institucional, para combatir la discriminación, salvaguardar los derechos de una minoría, evitar que se distribuyeran los recursos con propósitos clientelares”, planteó.

“Nos quiere llevar, mucho me temo, a un 2024 en donde solo quepan dos opciones. Donde no quepa la pluralidad, los ciudadanos, la posibilidad de disentir (…) hagamos una batalla intelectual y una batalla política”, dijo Merino.

kg