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Piden a evitar uso indebido de la figura del juicio político
La Asociación Nacional de Magistrados argumentó que si la resolución fue favorable al imputado, fue debido a la actuación deficiente de la FGR.
Luego del que el gobierno federal presentara una denuncia de juicio político en contra del juez Crescencio Contreras Martínez, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación rechazaron este recurso que consideraron no debe utilizarse “como un mecanismo al servicio del gobierno para controlar o acechar al Poder Judicial de las personas juzgadoras”.
A través de un posicionamiento, las y los jueces y magistrados aseguraron que contrario a lo expresado por la Secretaría de Gobernación, la actuación del juez de Distrito fue, en todo momento, apegada a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen las actuaciones de los juzgadores federales.
Por ello, enfatizaron que “la solicitud de juicio político no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del gobierno en turno para controlar o acechar al Poder Judicial, porque ello constituye un atentado a la garantía de independencia judicial de las personas juzgadoras”.
Asimismo, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) destacó que en algún momento la resolución emitida resultó favorable al imputado, fue debido a la “deficiente actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) como el juzgador lo advirtió de forma precisa y reiterada en la fundamentación de su fallo”.
Acusaciones
Este martes, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político en contra del juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez, por supuestamente favorecer a integrantes del crimen organizado.
De acuerdo con la denuncia, el gobierno federal tiene conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez “que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país, entre los cuales destaca la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo”.