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Piden protocolos de seguridad para alcaldes
La Asociación de Autoridades Locales de México se pronunció en favor de que el gobierno federal establezca protocolos de seguridad para los presidentes municipales, ya que en los últimos ocho años han sido asesinados 49 alcaldes, de los cuales 17 han sido de extracción perredista.
La Asociación de Autoridades Locales de México se pronunció en favor de que el gobierno federal establezca protocolos de seguridad para los presidentes municipales, ya que en los últimos ocho años han sido asesinados 49 alcaldes, de los cuales 17 han sido de extracción perredista.
En la instalación del Consejo Consultivo de la Asociación, su presidenta, Leticia Quezada, pidió que en el caso del ex alcalde de Sombrerete, Zacatecas, Juan Ángel Castañeda Lizardo (quien falleció junto otras seis personas en un accidente automovilístico, según la Procuraduría estatal), se realice una investigación exhaustiva.
Fue víctima de agresiones y acusaciones que son complicadas, que se haga una investigación para ver si realmente fue un accidente como se manejó , dijo la también jefa delegacional en Magdalena Contreras.
Pedimos que se haga una investigación seria y a fondo. Nos llama la atención de este accidente que tuvo; no sabemos si levantó alguna denuncia, pero sí hubo comentarios y nosotros no podemos dejar de comentar este tipo de situaciones. Había sido amenazado y también extorsionado, no sabemos por quién, por eso es que solicitamos que se haga una investigación ante los dichos del propio Presidente Municipal .
Advirtió que las agresiones y asesinatos de presidentes municipales son un problema que va en aumento. Incluso, en los casos de presidentes municipales de izquierda, los homicidios no han sido esclarecidos.
Hemos platicado con el gobierno federal para hacer la aportación de los protocolos de seguridad, pues no se puede permitir que los alcaldes estén siendo amenazados .
En el evento, Alejandro Encinas mencionó que el asunto de las extorsiones a los alcaldes no se debe olvidar. En este caso, dijo, la Auditoría Superior de la Federación debe actuar y detener estas prácticas, pues se ha evidenciado que algunos legisladores forman parte del problema.
jose.reyes@eleconomista.mx