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Política

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Plantean penas por el cobro de derecho de piso

Por considerar que está demostrado que lo cometen delincuentes perfectamente organizados y estructurados, quienes obtienen grandes cantidades de dinero para su funcionamiento.

Por considerar que está demostrado que lo cometen delincuentes perfectamente organizados y estructurados, quienes obtienen grandes cantidades de dinero para su funcionamiento, la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Senadores propone aplicar penas de hasta 45 años de prisión y multas de hasta 2,400 días a quien extorsione vía telefónica o cobre derecho de piso.

La iniciativa de enmiendas al Código Penal Federal prevé aplicar a extorsionadores “de cuatro a 15 años de prisión y de 100 a 800 días de multa” y que tales penas se aumenten “hasta en un tanto más” si el delito se realiza por una asociación delictuosa, miembro o exmiembro de una corporación de seguridad privada, o por servidor público o exservidor público, o por miembro o exmiembro de alguna corporación policial, o de las fuerzas armadas mexicanas.

En ese caso, se impondrá además al servidor o exservidor público, policía o expolicía, o miembro de las Fuerzas Armadas mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a 10 años.

Los cambios al artículo 390 sugieren establecer también que tales penas “se incrementarán en una mitad cuando: intervengan dos o más personas armadas o porten instrumentos peligrosos; se utilicen como medios comisivos la vía telefónica, correo electrónico, o cualquier otro medio de comunicación electrónica, y se logre que la víctima o un tercero entregue alguna cantidad de dinero o bienes, por una sola ocasión o de manera reiterada, por el cobro de cuotas de cualquier índole”.

La propuesta panista sugiere modificar además la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para incluir el delito de extorsión.

Desde la visión de los senadores del PAN, si bien la extorsión está tipificada, se requiere endurecer las penas porque se trata de un delito que ha diversificado sus medios, utilizando nuevas tecnologías y una estructura definida.

“Es uno de los delitos que más intimidan y dañan no sólo el patrimonio familiar, también su tranquilidad y relaciones con el entorno”, cita el proyecto en la exposición de motivos.

Se debe actuar con mano dura contra la delincuencia, opinan los legisladores, en la persecución y sanción del delito.

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