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Por Ley de Austeridad, 5,700 amparos de servidores públicos
Al menos 5,700 servidores públicos se ampararán contra la Ley Federal de Austeridad Republicana que, entre nuevas obligaciones para los funcionarios, limita prestaciones e introduce un candado de 10 años para emplearse en la Iniciativa Privada.
Foto: EE Archivo.
Al menos 5,700 servidores públicos se ampararán contra la Ley Federal de Austeridad Republicana que, entre nuevas obligaciones para los funcionarios, limita prestaciones e introduce un candado de 10 años para emplearse en la Iniciativa Privada.
La firma Trusan & Roma Abogados será la encargada de presentar amparos de unos 5,700 servidores públicos y jubilados del Centro Nacional de Control de Energía, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Comisión Federal de Electricidad, CNDH e Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Además, se espera que en próximos días también se presenten amparos de funcionarios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, las secretarías de Gobernación, de Educación Pública, de Turismo y de la Fiscalía General de la República. Las inconformidades son por la virtual eliminación de las prestaciones, posibles despidos derivado de la interpretación de la ley y los candados para trabajar en la Iniciativa Privada.
“Esta ley, además, afecta jubilaciones y pensiones disminuyendo las prestaciones que tengan todas las personas que trabajaron duro durante años para poder retirarse con una pensión justa y decorosa; la reduce a la pensión mínima que se establezca en las leyes de seguridad social. También, los trabajadores en activo que tienen bonos de lealtad, puntualidad o eficiencia van a terminar perdiéndolos”, argumentó Rodolfo Martínez, socio de Trusan & Roma.
Puerta giratoria
Por otra parte, afirma Rodolfo Martínez, el candado de 10 años que se puso para el paso de los servidores públicos a la Iniciativa Privada en sectores afines a su cargo, además de ser inconstitucional, porque limita el derecho al trabajo, podría al final del día aplicarse a cualquier funcionario, no sólo a los mandos superiores.
“El artículo dice que durante 10 años el servidor público no podrá emplearse con los sujetos que hayan sido objeto de su supervisión y luego dice el artículo: ‘o que hayan tenido información privilegiada’. Es decir, el artículo está dividiendo dos tipos de servidores públicos, los de mando y los que manejan información privilegiada”, explica Rodolfo Martínez.
Carlos Ferrán, director del área Laboral de la firma Cuesta Campos, considera que no se puede dejar de ver a los servidores públicos como cualquier trabajador mexicano. En un contexto de recortes de personal en las administraciones públicas, si los funcionarios no se emplean en la Iniciativa Privada, entonces dónde podrán trabajar, cuestionó.