Por lavado, 112 indagatorias; resuelven menos de 5%

La persecución del delito de lavado de dinero por parte del gobierno federal avanza, aunque aún no logra la confiscación de grandes bienes a la delincuencia organizada y el narcotráfico. En el 2016 se presentaron 112 denuncias penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita, de las cuales, los jueces resolvieron menos de 5 por ciento.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la falta de una persecución efectiva del blanqueo de recursos provoca que las organizaciones delictivas sigan creciendo, lo que “aunado a la percepción de impunidad, representa un espacio en el que la delincuencia se fortalece, por lo que el combate frontal de las instancias de seguridad pública no ha logrado mermar la capacidad financiera de las organizaciones delictivas”.

En su segundo informe de revisión a la Cuenta Pública 2016, la Auditoría mencionó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) analizó ese año a un total de 14,060 personas respecto de 21,600 reportes sobre posibles operaciones inusuales en la compra de vehículos, nuevos o usados; servicios de blindaje de vehículos; adquisición de bienes inmuebles; recepción de donativos o comercio exterior, entre otros.

En total, involucraron 138,300 operaciones o transacciones, lo que dio como resultado que la UIF de Hacienda determinara a 1,120 de las 14,060 personas como de alto riesgo, por lo que se realizó un reporte de inteligencia para 96.6% de éstas; en tanto que 3.4% se encontraba pendiente de ser analizado.

Por la posible comisión de hechos delictivos en materia de delitos financieros, la Unidad de Inteligencia Financiera formuló un total de 112 denuncias ante el Ministerio Público Federal (MPF), de las cuales 79.5% (89) fue del proceso de análisis e inteligencia elaborados por la propia unidad, mientras que 20.5% (23) fue por solicitud del MPF.

En tanto, de las 112 averiguaciones previas derivadas de las denuncias formuladas por la UIF, el MPF despachó 4.5% (sólo 5), mientras que 95.5% (107 denuncias) restante se encontraron pendiente al cierre del ejercicio fiscal 2016.

La Auditoría mencionó que de las cinco averiguaciones previas despachadas por el MPF, 40% (2) fue consignado ante los órganos jurisdiccionales, y  60% (3) correspondió a casos que se incorporaron a otras indagatorias por su relación, por lo que se dieron por concluidas.

El órgano fiscalizador refirió que la UIF recibió el año pasado 17 millones 624,836 reportes de las instituciones financieras –principalmente bancos- y 3 millones 952,204 avisos de los sujetos obligados que realizaron actividades vulnerables (el grupo gatekeper, integrado por fedatarios públicos, notarios y corredores públicos, y quienes se dedican a la compra-venta de vehículos, casas, joyas, entre otros).

La Auditoría refirió que estas acciones de la UIF van por buen camino, aunque tienen que afianzarse, a fin de “reducir la impunidad de dichos ilícitos, así como la vulnerabilidad del sistema financiero, ya que estableció medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

En otro informe, en este caso a la Unidad de Prevención de Delitos Financieros de la Policía Federal, la Auditoría refirió que en el 2016 esa instancia de seguridad pública atendió 14 denuncias ciudadanas por presuntos hechos de blanqueo de dinero, de las cuales concluyó 85.7% (12).

En cuatro de ellas, la PF encontró actos que pudieron ser constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que hicieron del conocimiento de la autoridad ministerial. En esos casos, la Policia Federal identificó a 212 personas vinculadas.

Piden cambios a la ley

La ASF sugirió a las comisiones de Justicia y Hacienda de la Cámara de Diputados que revisen la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a fin de que se permita a la Policía Federal ser un ente investigador en la materia.

En su pliego de recomendaciones, la ASF pidió reformas a fin de que la PF pueda consultar bases de datos de los avisos de actos relacionados con actividades vulnerables; corroborar información para la identificación con autoridades que administren los registros en la materia; solicitar a la Secretaría de Hacienda la verificación de información y documentación de quienes realicen actividades vulnerables, así como de avisos.

También “para facultar al comisionado general de la Policía Federal para solicitar información a instituciones de crédito, a fin de fortalecer la actuación de la PF en la prevención en la materia, así como la coordinación con las instancias reguladoras y supervisoras del sistema financiero, que contribuyan a mejorar la efectividad en la anticipación y combate de dichos delitos”.