Prevén un cambio a ley fiscal en el tema de la educación

La diputación federal del PRD, a través de Miguel Alonso Raya y Carol Antonio Altamirano, promueve cambios a la Ley de Coordinación Fiscal en materia educativa.

El propósito es garantizar la cobertura del pago de sueldos y prestaciones al magisterio nacional, ya que al desaparecer el fondo para educación básica, como propone el Ejecutivo federal, se pondría en riesgo la cobertura de las necesidades de gasto que actualmente corresponden al ámbito local.

Tiene que quedar claro -explicó Alonso Raya- de qué forma reconocerá el gobierno federal las negociaciones entre los gobiernos de los estados y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entre 1992 a la fecha, que dieron lugar a la creación de plazas, sueldos y prestaciones.

Desde hace ya más de dos décadas -amplió- los gobiernos estatales pagan los aguinaldos de los trabajadores de la educación con los recursos que retienen y no entran por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La propuesta del PRD consiste en incluir en la ley un artículo transitorio en el que se precise que cada gobierno estatal deberá firmar un nuevo convenio con el gobierno federal a efecto de establecer con claridad qué sí y qué no contendrá el nuevo fondo educativo.

Todo lo que se considere que fue concedido de manera ilegal en materia de sueldos y prestaciones a los trabajadores de la educación -completó-debe cancelarse pero previa revisión.

En tanto, su correligionario Antonio Altamirano advirtió del riesgo de ingobernabilidad en México si no se atienden las demandas de los maestros reconocidas por los gobiernos locales.

La gran desventaja de la propuesta es que el gobierno federal no reconoce las plazas y prestaciones adicionales otorgadas por las entidades federativas en un proceso de dos décadas, generadas como consecuencia del incremento de la demanda de la población estudiantil y por las características geográficas de cada entidad .

De ahí que si no se reconocen esos derechos alcanzados a la luz de las circunstancias de cada maestro -abundó- se crearía una crisis financiera en los estados y riesgos de gobernabilidad e inestabilidad social en todo el país .

Se debe tener en consideración -dijo- que el reclamo social puede ser mayor que el que generó la aplicación del sistema de evaluación magisterial.

rramos@eleconomista.com.mx