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Política

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Publicidad oficial, datos oscuros en cuatro estados

Coahuila, Guerrero, Puebla y Tamaulipas son las entidades que en el 2011, 2012 y 2013 no han cumplido con transparentar a la ciudadanía el gasto de los recursos públicos en este rubro.

La ausencia de reglas, el incremento del gasto por publicidad oficial, sigue siendo un conjunto de prácticas reiterativas en los estados del territorio nacional, exhibieron las organizaciones Fundar y la Oficina para México y Centro América de Artículo 19. A través de la tercera edición del Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas , presentado este martes en la ciudad de México, ambas organizaciones refirieron que Coahuila, Guerrero, Puebla y Tamaulipas no han cumplido en tres años con la ciudadanía sobre cómo gastan en este concepto y los colocan en las entidades más opacas al respecto.

Este ejercicio califica las condiciones de acceso a la información con las que se ejecuta el gasto público destinado a los anuncios oficiales de las 32 entidades federativas. Ello, a través de la primera respuesta que los gobiernos locales emiten cuando les es solicitado dichos datos mediante solicitudes de transparencia.

El cumplimiento de los criterios se expresa en estrellas; si el estado entrega la información de forma completa y ordenada, obtendrá cinco. Se toma en cuenta la accesibilidad, exhaustividad y el desglose de la información.

La comparación de los índices 2011, 2012 y 2013 revela que algunas entidades federativas han mejorado las condiciones de acceso a la información, pues 50% de las entidades obtuvo entre tres y cinco estrellas, cifra que dista del porcentaje obtenido en el 2011, el cual fue de 31 por ciento. No obstante, de acuerdo con Miguel Pulido, de Fundar, más de la mitad sigue violando este derecho al no proporcionar nada u ofrecer muy pocos datos en su primera respuesta a las solicitudes elaboradas.

De acuerdo con este ejercicio, la opacidad no ha logrado ser revertida en algunos estados. Coahuila, Guerrero, Puebla y Tamaulipas por tercer año consecutivo negaron o reservaron su respuesta ante la solicitud. En tanto, Aguascalientes, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Nayarit y Tabasco persisten en entregar parcialmente la información solicitada por la ciudadanía.

El índice alerta sobre la carencia de regulación sobre el gasto en publicidad oficial pese a los numerosos intentos legislativos nacionales y locales. Esta falta se traduce en un uso indiscriminado, arbitrario y opaco del gasto, pues existen grandes lagunas de información que están directamente relacionadas con el concepto o campaña en el que se ejercieron los recursos y los contratos que lo sustentan.

En el 2010, 27 entidades ejercieron poco más de 4,042 millones de pesos, en tanto que en el 2012, 26 estados gastaron 5,376 millones de pesos. De esta última cifra las organizaciones reportan que sólo se sabe el destino de 2,544 millones, es decir, no se sabe a qué medio de comunicación o proveedor se asignaron 2,833 millones.

De lo gastado en el 2012, las entidades que, en términos absolutos, ejercieron mayor presupuesto fueron Nuevo León, con 1,284 millones, y Coahuila, con 948 millones. Por otro lado, los estados con mayor crecimiento presupuestal en publicidad oficial entre el 2011 y el 2012 fueron Hidalgo, Nuevo León y Tabasco, incluso mayor a 100 por ciento.

Avances y marasmo

  • Así como ha habido opacidad, algunas entidades también han avanzado en transparencia.
  • En el 2013, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Puebla y Tamaulipas no lograron obtener estrella alguna, esto supone 19% de las entidades federativas.
  • Catorce entidades que mejoraron su puntuación; Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y San Luis Potosí son destacadas, ya que pasaron de cero estrellas en el 2011 a tres, cuatro o cinco estrellas.
  • Únicamente Sonora y Zacatecas han tenido entre cuatro y cinco estrellas en cada evaluación.
  • Quince entidades que otorgaron información completa desde el 2005 al 2012; el gasto en publicidad oficial aumentó un 85% en los últimos ocho años, al pasar de 1,092 millones a 2,021 millones de pesos.

ana.langner@eleconomista.mx

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