Ratifican protección a víctimas de secuestro

Ratificada por la Cámara de Diputados, la nueva Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro se turnó al Ejecutivo federal para su entrada en vigor y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sometida a consideración del pleno cameral, la minuta que envió el Senado fue aprobada, sin cambios, por 353 votos, ocho abstenciones y cuatro en contra.

Al fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, el priísta Josué Valdés Huezo dijo que el secuestro es, sin lugar a dudas, uno de los delitos más graves que puede cometerse, por sus modos comisivos, la violencia con que se lleva a cabo, la angustia que genera a la víctima y a sus familiares y las secuelas que propicia en quienes lo sufren y en la sociedad.

Es necesario considerar que el secuestro ha dejado de ser un delito cometido en agravio solamente de potentados o millonarios. Ya son blancos todas las clases .

Tras referir que no fue fácil confeccionar el nuevo ordenamiento y alcanzar los acuerdos necesarios, destacó entre sus méritos que se trata de una ley general que distribuye competencias entre los distintos órdenes de gobierno y los obliga a coordinarse y a cooperar.

Además de que fija con precisión el ámbito de sus atribuciones, estableciéndose en términos prácticos la federalización del combate al secuestro, y tipifican diversas conductas, distinguiéndose cada una de ellas y graduándose su penalidad de acuerdo con la gravedad, sin llegar a excesos, como la cadena perpetua o pena de muerte.

Reconoció, sin embargo, que la sola aprobación del nuevo ordenamiento no es garantía suficiente de que los índices de secuestro se reduzcan, pero que se considera que es un instrumento valioso para la PGR con el fin de combatir dicho delito.

Por la Comisión de Seguridad Pública habló su presidente, el panista José Luis Ovando Patrón, quien afirmó que el tema es difícil para la sociedad mexicana porque ocasiona dolor a cientos de familias, y que de ahí la obligación de los legisladores de confeccionar un mejor marco legal para combatir a los delincuentes, y sobre todo sancionarlos de manera más severa, además de atender a quienes han sido víctimas de este delito.

Los petistas Jaime Cárdenas, quien presentó de manera formal un voto particular en contra de la nueva ley, y Gerardo Fernández Noroña consideraron que ésta garantiza plenamente los derechos de los ofendidos y víctimas, pero no los de los infractores.

La nueva ley, razonó Cárdenas desde la tribuna, se inscribe en la lógica del Derecho Penal del enemigo, que es autoritario, no democrático y no forma parte del Estado de Derecho liberal, porque contempla sanciones como casi ningún otro tipo penal, que van de los 20 a los 70 años de prisión.

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