Reforma al Poder Judicial no atiende los grandes problemas del acceso a la justicia, expertos

El incremento acelerado de la conflictividad social, las altas tasas de criminalidad; la debilidad institucional de policías y fiscalías, así como una serie de obstáculos en los procesos penales, ocasionan el deficiente acceso a la justicia en México, lo cual no toca la reforma al Poder Judicial que se comenzó a discutir este martes en el Senado de la República.

De acuerdo con el análisis que acompaña las propuestas para un sistema integral de seguridad pública y justicia en México presentadas por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, el sistema de justicia en el país ha sido incapaz de procesar con suficiente calidad, empatía y eficiencia el dolor, las palabras y las demandas de quienes exigen del Estado soluciones justas y reparación es posibles.

Por ello, cualquier propuesta seria para una reforma al sistema de justicia involucra no solamente al Poder Judicial federal, sino a los poderes judiciales de los estados y a todas las autoridades que tienen una función en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. En ello coinciden expertos consultados por El Economista.

Criminalidad y conflictividad social

Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México cada año se cometen alrededor de 26.8 millones de delitos, asociados a 21.1 millones de víctimas, lo que significa una tasa de incidencia delictiva de 28,701 delitos por cada 100,000 habitantes.

El costo de la inseguridad se calcula en 319,100 millones de pesos, que representa alrededor de 1.08% del producto Interno Bruto.

Por otra parte, la política antidrogas y el mercado ilegal de armas contribuyen considerablemente a la inseguridad que padecen los mexicanos.

En el documento “reforma integral al sistema de justicia en México, desafíos y propuestas” elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, señalan que existe evidencia de que durante las últimas décadas la política de drogas, basada en la prohibición “ha tenido resultados muy pobres y contraproducentes”.

La prohibición favorece en incremento de grupos de la delincuencia organizada, ya que aumenta su capacidad económica y ello socaba la capacidad de las instituciones de seguridad pública.

Asimismo, indica que el elevado número de armas de fuego ilícitas que circulan en el país, contribuye al incremento de la criminalidad. De acuerdo con el Inegi, 70% de los 31,062 homicidios registrados en 2023 fueron cometidos con un arma de fuego.

Para Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), la reforma en los términos en que fue planteada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no tiene algo que favorezca un mejor acceso a la justicia para las personas: reduce la capacidad de la SCJN para revisar los casos; la elección de los jueces hace que la permanencia de los operadores del sistema esté en riesgo y que constantemente se tengan que someter a cuestiones de votación y por lo tanto de popularidad en la manera en que resuelven.

Si el objetivo es mejorar el acceso a la justicia hay que empezar por mejorar las policías, pasar las fiscalías aumentar las capacidades, despresurizar el sistema, agilizar los tiempos, mejorar las condiciones laborales de policías ministerios públicos y peritos, nutrirlos de los insumos necesarios para que hagan su trabajo. 

Por su parte Susana Camacho, co-coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa afirmó que avanza en el Senado no es una reforma al sistema de justicia, sino una reforma al poder judicial, con los vicios que implica la centralización del poder sobre los jueces.

En ningún punto se tocan las deficiencias del sistema de justicia, como las fiscalías, los servicios periciales, las comisiones ejecutivas de atención a víctimas o búsqueda de personas, ni las policías.

Además, abundó, permanecen figuras perniciosas como el arraigo a pesar de que va en contra del debido proceso y también sigue la prisión preventiva oficiosa.

Se trata de una iniciativa de miras muy cortas, pues no mira al sistema de justicia de manera integral, sino que su objetivo es atacar al Poder Judicial.

Debilidad de policías estatales y municipales

Según el diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas, realizado por la Secretaría de Gobernación, al inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, había un policía por cada 1,000 habitantes con un salario neto promedio de 9,933 pesos mensuales, con diferencias marcadas entre entidades federativas. En 24 tenían salarios arriba del promedio, mientras que, en el resto, incluida la Ciudad de México, la compensación era por debajo del monto.

Asimismo, según una investigación de Sandra Ley de México Evalúa, de acuerdo con información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, la mayoría de las policías locales en México no cuentan con las condiciones específicas de y trabajo exigidas por la legislación federal.  La organización Causa en Común halló que la jornada predominante es de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, lo que resulta un esquema extenuante para el personal. Un tercio de los policías manifiesta que su salud se ha afectado por su trabajo y en algunos casos presentan problemas psicológicos y trastornos psiquiátricos severos.

El director del ONC dijo que la situación de las policías estatales y municipales "han empeorado porque durante los últimos cuatro años se les dejó sin presupuesto. Las policías municipales se encuentran hoy peor que nunca; las policías estatales han perdido un 40% de sus recursos".

Deficiente trabajo de fiscalías

El análisis presentado por la ministra presidenta subraya que los problemas de la justicia penal en el país están principalmente relacionados con la atención deficiente de las víctimas y la investigación inadecuada de los delitos. Por lo tanto, los asuntos penales que llegan a juicio es baja.

Esto se debe, en gran medida, a la deficiencia estructural en las capacidades institucionales de la procuración de justicia, así como a la falta de políticas criminales interinstitucionales y a la ausencia de estrategias efectivas de priorización para la persecución penal. En consecuencia, la mayoría de los delitos en México quedan impunes y las violaciones a derechos humanos son frecuentes”.

En ese sentido destaca que la cifra negra de delitos, es decir aquellos que no son reportados a las autoridades o que no resultan en el inicio de una investigación por una fiscalía es enorme.

Entre 2013 y 2022, se mantuvo en torno a 93%. Esta estabilidad indica una persistente desconfianza de la población en las autoridades.

En 2022, en México, tres  de cada 10 personas fueron víctimas de un delito, pero sólo una de cada 384 víctimas recibió una respuesta adecuada de las autoridades. Esto implica que, anualmente, de todos los delitos cometidos en México, únicamente 0.26% recibe una respuesta institucional adecuada.

En 2022, las fiscalías y los ministerios públicos conocieron aproximadamente 2.3 millones de delitos, respecto de los cuales iniciaron carpetas de investigación para poco más de 2 millones. Al cierre del año, poco más de 50% de los casos permanecía en proceso de investigación, es decir, alrededor de un millón 200,000 carpetas de investigación sin determinación. De estos delitos, sólo 4.3% fue judicializado, es decir, conocido por una persona juzgadora.

Al respecto, Francisco Rivas dijo que la procuración e impartición de justicias inicia desde el trabajo de las policías municipales y estatales, la Guardia Nacional y qué tanto son capaces de ser en realidad un primer respondiente ante la comisión de un delito y contribuir a la construcción de carpetas de investigación precisas y efectivas, lo cual incluye resguardo de evidencias, cadena de custodia, la manera en que los ministerios públicos, peritos y policías de investigación ejecutan su labor.

Esta reforma al Poder Judicial federal está dejando todo lo que tiene que ver con el arranque de una investigación y atención a víctimas.

Dijo que las investigaciones que realizan las fiscalías son muy malas. Hoy tenemos mucha más impunidad, mucha más corrupción en las instituciones encargadas de los temas de seguridad y justicia.

Si hace 10 o 20 años teníamos operadores de las instituciones de justicia altamente ineficientes e insuficientes en relación con los casos que tenían que atender, hoy tenemos esa situación maximizada.

Obstáculos en procesos penales

Por otra parte el análisis presentado por Piña Hernández destaca obstáculos en cinco momentos del proceso penal, por ejemplo, la falta de acceso a la posibilidad de denunciar ante el Ministerio Público o a la fiscalía; no tratar a los solicitantes de justicia adecuadamente, de acuerdo con sus necesidades y derechos; falta de capacitación por parte de las fiscalías para avanzar en procesos de acusación penal, especialmente en lo referido a la capacidad para desarrollar y formular adecuadas teorías de caso; afectación del proceso por falta de independencia judicial y por el despliegue de amenazas en contra de jueces; y la falta de cumplimiento efectivo de las sentencias.

Por otra parte, Susana Camacho subrayó que los poderes judiciales estatales están muy abandonados, tienen muy poco presupuesto. Muestran áreas de oportunidad tanto en la profesionalización de jueces y magistrados y la forma en que se eligen deja mucho que desear, cosa que no sucede en el poder Judicial federal, todavía hoy, existe un servicio civil de carrera.

diego.badillo@eleconomista.mx