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Reporta SFP 44.8% menos recuperación de recursos
Expertos atribuyen disminución a baja en actos de auditoría forense por parte dela Función Pública.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que, de 2019 a 2023, las recuperaciones derivadas de las auditorías realizadas por las contralorías de la dependencia alcanzaron un total de 6,385.5 millones de pesos; esto significó un 44.83% menos que los 11,575.1 millones de pesos, obtenidos en los primeros cinco años completos de la administración de Enrique Peña Nieto.
En el sexto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se precisó que entre el 1 de enero y el 30 de julio del año en curso, la cantidad recuperada por las acciones, de 226 Órganos Internos de Control (OIC), de la Administración Pública Federal (APF) fue de 225.5 millones de pesos, también a precios de 2018.
Por otro lado, el costo que han tenido las auditorías de las contralorías internas, a lo largo de los primeros cinco años completos del sexenio en curso, ha sido de 12,863.2 millones de pesos, 41.77% menos que los 22,090.9 millones que tuvieron las acciones, en periodo de tiempo similar de la administración anterior.
Actos de Fiscalización
Las autoridades federales también indicaron que, derivado de 10,348 actos de fiscalización, en los primeros cinco años completos de gobierno de AMLO, practicados por los OIC de la APF, así como por la Unidad de Auditoría Gubernamental y la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas de la SFP, el 35.10% de estos (3,633) derivaron en casos de presunta responsabilidad.
Por su parte, en el mismo lapso de tiempo de la administración del presidente Peña Nieto, de 11,489 actos de fiscalización, 12.64% (1,453) indicaron casos de presunta responsabilidad.
Desde el inicio del 2024 y hasta el 30 de junio pasado, de los 740 actos de fiscalización realizados, sólo 324 habían derivado en casos de presunta responsabilidad (el 43.78% del total).
En lo que se refiere a auditorías externas, en el gobierno actual han ido en detrimento, pues de 354 realizadas durante 2019, para el 2023 sólo se llevaron a cabo 298; lo que significó un 15.81% menos.
Mientras que del 1 de enero al 30 de junio pasado, el total de auditorías había alcanzado un total de 305; unas 290 corresponden a estados financieros, ocho relacionadas con entidades en procesos de desincorporación y las siete restantes de proyectos financiados por organismos financieros internacionales.
Cambios de enfoque
Entre los posibles factores detrás de la baja en la recuperación de recursos por parte del gobierno federal se encuentran un cambio de enfoque de la Función Pública, encargada de las acciones; superficialidad en auditorías, reducción en auditorías forenses, entre otros, según expertos consultados por El Economista.
Ricardo Alvarado Andalón, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), comentó que en la actualidad se ha buscado en la SFP establecer responsabilidades a personas, en lugar de priorizar la recuperación de dinero.
Es importante notar que la Secretaría de la Función Pública un poco estuvo en piloto automático durante el gobierno de Enrique Peña Nieto”, consideró el especialista.
Paulina Castaño, investigadora en el programa de Justicia Fiscal de Fundar, explicó que otra posible causa detrás de esto es que las auditorías forenses, que son las más exhaustivas y detalladas para detectar fraudes y corrupción, han disminuido significativamente.
“Lo que hemos visto es que hay más auditorías en el gasto federalizado; como que la auditoría dejó de fiscalizar al gobierno federal y se empezó a fiscalizar más hacia otras entidades. Aproximadamente, eran como ocho de cada 10 investigaciones estaban ligadas al gasto federalizado y pues eso tiene consecuencias muy importantes”, detalló.
Además, mencionó que las auditorías recientes se centran más en el cumplimiento normativo y desempeño, en lugar de fiscalizar el gasto social o de infraestructura, por lo cual dijo que es necesario cambiar dicho enfoque.
Por su parte, en cuanto al costo de las auditorías, Alvarado Andalón, aunque reconoció que en algunos casos son casi del doble de lo que se recupera, explicó que el objetivo principal de estas auditorías no es la recuperación de dinero, sino la identificación de procedimientos gubernamentales equivocados.