Resaltan retos tras implementación de la ley contra la tortura

Diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión asentaron que tras la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es deber del Poder Judicial hacerla valer.

Durante la discusión sobre la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la ley, la diputada del Partido Verde de México (PVEM), Lía Limón advirtió que ello es el primer paso para el combate a estas malas prácticas, sin embargo, su implementación implica retos .

En su turno, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Pilar Ortega Martínez, la senadora expuso que el uso de la tortura es una práctica violatoria a los derechos humanos.

NOTICIA: Nueva ley de víctimas, antes del 30 de abril: Zambrano

De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre 2000 a 2017 se presentaron 417 quejas en materia de tortura y en lo que va del año 56. Durante este periodo, este organismo nacional ha emitido un total de 100 recomendaciones. Sin embargo, sólo se contaba con 15 sentencias condenatorias, entre 2006 y 2015.

De tal manera que era imperante contar con una legislación adecuada, que clarificara este tipo penal, para perfeccionar su investigación y su sanción .

Esta ley contempla tipos penales de aplicación general, tortura y otros tratos, y penas crueles, inhumanos y degradantes; sanciones que son de oficio y son imprescriptibles. Asimismo establece la creación de reglas generales para su investigación, procesamiento y sanción, así como medidas específicas de atención, ayuda, asistencia y protección a las víctimas.

NOTICIA: Peña presenta iniciativas vs desaparición y tortura

Las políticas públicas se regirán por los principios de dignidad humana, de vida diligente, enfoque diferencial y especializado y no revictimización, perspectiva de género, transparencia, acceso a la información pública y prohibición absoluta de tortura.

Se prevé la creación de fiscalías especiales con plena autonomía técnica y operativa, deberá crearse un registro nacional de denuncias de tortura, se establecen criterios de prevención, así como de formación, actualización, capacitación y profesionalización permanente de los servidores públicos.

También se establece un programa nacional y diagnóstico de causas, estrategias de combate y acción, indicadores de medición.

NOTICIA: Entre el pleno y comisiones

mfh