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Política

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SCJN define terna para ocupar vacante de sala especializada del TEPJF

El Senado de la República deberá elegir a quien ocupe la plaza de magistrada en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de entre la terna de candidatas votada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 

Foto: Reuters

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligió la terna de candidatas al cargo de magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que remitirá a la Cámara de Senadores para designar a quien habrá de desempeñarse como tal del 11 de septiembre de 2023 al 10 de septiembre de 2032. 

En sesión pública y previa comparecencia de las seis finalistas, presentes diez de los 11 ministros que conforman el máximo tribunal constitucional del país, fueron elegidas, mediante tarjetón entregado al momento a cada ministro con los nombres de las candidatas para marcar los de su preferencia, por siete votos Araceli Yhalí Cruz Valle y María Cecilia Guevara y Herrera; Nancy Correa Alfaro sumó seis votos.

Empatadas con cinco votos Guevara y Herrera y Aidé Maceda Barceinas en la primera votación, hubo necesidad de realizar una segunda en la que se impuso María Cecilia contra tres votos de su contendiente.

Cruz Valle centró su exposición frente a los ministros en razonar qué se debe entender por actos anticipados de campaña, las características para ser considerados como tales y si la interpretación judicial debe ser restrictiva o progresiva de los derechos humanos.

Interrogada por el ministro Luis María Aguilar, respondió que la finalidad de la Constitución es proteger la equidad de la contienda mediante la prohibición de actos anticipados de campaña, sin vulnerar derechos humanos como la libertad de expresión.

“Las expresiones que se realicen deben de ir a la par de la opinión del electorado. ¿Por qué? Porque lo que se busca con esta prohibición es que el electorado, la ciudadanía, pueda elegir de manera informada y ejercer su derecho de una manera consciente. “Entonces, si el juzgador con sus decisiones se aleja de lo que realmente entiende la ciudadanía creo que se está generando una brecha entre el derecho y la verdadera justicia’’.

Para Correa Alfaro, el procedimiento especial sancionador es una herramienta que resguarda el principio de legalidad y el equilibrio en la contienda electoral, pero sobre todo fortalece la confianza ciudadana.

Al centrar su ensayo en el modelo de comunicación política, Guevara y Herrera afirmó que, aunque no existe regulación expresa puede haber un control de constitucionalidad de actos electorales en internet y plataformas digitales.

rolando.ramos@eleconomista.mx

kg

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