Ser convicto en EU es ser ciudadano de segunda

En Estados Unidos ser indocumentado es vivir como un convicto, es como convertirse en ciudadano de segunda , habla para El Economista Mario Flores Urbán, juzgado y condenado a la pena capital en el país vecino por un crimen que afirma no cometió.

Después de 20 años de cárcel, logró la libertad en el 2004 y hoy es el jefe de Asesoría Jurídica a Migrantes Mexiquenses del gobierno del Estado de México. Si bien critica el sentimiento racista en contra de cualquier hispano en la Unión Americana, considera que las leyes llamadas antiinmigrantes, tienen una razón de ser y se escribieron para evitar la explotación y enriquecimiento ilícito de empresarios.

Mario dibuja una sonrisa cuando al terminar de ofrecer la conferencia Pena de muerte , en la Universidad La Salle, el público estalla en aplausos al escuchar su experiencia de vida. Dice gustarle el reconocimiento, es mi manera de sentir que de alguna manera se me ha hecho justicia .

Culpado por asesinar al líder de una de las pandillas con más presencia en Chicago durante la década de 1980, ingresó a la cárcel a sus 19 años, salió por indulto y su inocencia jamás fue demostrada legalmente.

Confiesa que lo más complejo de su vida fue la vida después de las rejas. Apenas a siete años de salir de la cárcel, comienzo a equilibrarme, pero sigo viviendo la misma injusticia. Al salir, el mundo ya era otro y comencé a sentir los daños emocionales que deja la prisión .

Ayudar a los migrantes mexicanos en sus procesos legales es hoy su motivo y forma de vida. Puedo entender al sistema mexicano y conozco al estadounidense , es por ello que explica que leyes impuestas en estados como Alabama, en donde sancionan a cualquier patrón que emplee gente indocumentada, son necesarias. El empresario se hará rico a costillas de la explotación de un migrante sin documentos. Lo hará trabajar con menos paga, más horas y sin derecho a servicios de salud .

Por ello, compara la vida de un hombre sin papeles con la de un sentenciado, porque no tienen derecho a ciertas garantías .

ana.langner@eleconomista.mx