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Sin sistema de monitoreo en el país, sobre bienes incautados al crimen
En América Latina hay ejemplos de un buen uso a bienes decomisados a la delincuencia, reportó el think tank.
Las diversas anomalías que se han encontrado al interior del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), como desaparición de bienes y denuncias de presuntos hechos de corrupción, puede restringir la capacidad de obtener recursos para el financiamiento de los programas sociales, razón por la cual se creó dicho instituto, indicó un análisis de InSight Crime.
“El uso indebido de activos de mayor tamaño, a bienes más pequeños por igual, desde barcos hasta ropa, puede escalar, lo que posiblemente restringirá la capacidad de López Obrador de ‘devolver al pueblo mexicano’ mediante la subasta de bienes criminales y así financiar una ola de gasto social, como se buscó con la creación del Indep”, se precisó en el artículo firmado por Katie Jones.
El análisis, que retoma la información publicada por El Economista sobre la desaparición de miles de artículos que van desde piezas de ropa y licores hasta automóviles e incluso aeronaves, de la posesión del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), cuyo nombre cambió al del Indep a inicios de año, mencionó que la enorme cantidad de bienes decomisados al crimen organizado en el país da pie a que haya “margen para el uso indebido, el robo y la pérdida de propiedad, en las mismas bodegas en donde se almacenan”.
“Aunque las sonadas subastas de mansiones, barcos, autos de lujo e incluso aviones han atraído mucha atención, la mayoría de los casi 60,000 objetos que actualmente se encuentran en ‘proceso de recuperación’ por el Indep son objetos de menor tamaño, que incluyen ropa y botellas de licor, los cuales pueden pasar inadvertidos fácilmente.
“Esos bienes estuvieron en posesión del SAE durante años, lo que hace aún más probable su uso indebido, en especial por el hecho de que México no tiene un sistema centralizado de auditoría o monitoreo del estado de los bienes incautados”, se alertó.
La autora del análisis mencionó que hay experiencias en América Latina sobre el uso indebido de bienes incautados al crimen organizado, así como de su correcta utilización.
Como en Colombia, donde la Sociedad de Activos Especiales —instancia similar al Indep— ha enfrentado problemas asociados con el uso indebido de los bienes, algunos de los cuales “llevan hasta 30 años en su ‘proceso de recuperación’, lo que ha llevado a algunos expertos a pedir una solución regional”.
En contraparte, en Argentina, las autoridades “dieron un ejemplo positivo, al usar los bienes decomisados al narcotráfico para enfrentar la pandemia por Covid-19”.
“Autos de lujo que pertenecieron a criminales se han usado para el traslado de pacientes y como patrullas de seguridad, mientras que varias propiedades confiscadas fueron convertidas en instalaciones médicas”, comentó.
El análisis concluye que si bien no hay muestras de que los artículos en “proceso de recuperación” por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado hayan sido hurtados o vendidos de manera ilegal “sí es sospechoso el hecho de que una entidad del gobierno no pueda dar cuenta del paradero de vehículos incautados hace más de 15 años, más la corrupción de la que (Jaime) Cárdenas (extitular del Indep) afirma haber sido testigo”.