Sin suspender, efectos de ley Bonilla

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad con el número de expediente 112/2019; 113/2019; 114/2019 y 115/2019, promovidas por el PAN, MC, PRD y PRI en contra de la ampliación de mandato de dos a cinco años del próximo gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

Sin embargo, se negó a suspender la aplicación de la norma aprobada por el Congreso local, al argumentar que “el hecho de que el gobernador entre en funciones el próximo 1 de noviembre del presente año no significa que se hayan consumado los efectos de la norma, dado que su aplicabilidad es de tracto sucesivo, por lo que la vigencia de la misma no impide que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el estudio oportuno de la validez de las normas combatidas”.

Por ello —se explicó— no es necesario que las acciones de inconstitucionalidad se resuelvan antes de que el próximo titular del Ejecutivo de Baja California rinda protesta para asumir el cargo, porque “la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto”.

La Corte detalló que en un plazo de seis días naturales, los poderes Legislativo y Ejecutivo de Baja California deberán rendir un informe y descartó que sea necesario requerir también un informe a los municipios de Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana, como lo solicitó el PRI, ya que sólo deben rendir informe los poderes Legislativo y Ejecutivo que hubieren emitido y promulgado la norma general impugnada.

Además, solicitó al Congreso de Baja California copia de los antecedentes legislativos del decreto impugnado, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo, así como los respectivos Diarios de Debates.

Al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también le solicitó, en un plazo de 10 días naturales, que exprese por escrito su opinión en relación con las acciones de inconstitucionalidad.

Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Sala Superior del TEPJF una acción declarativa, que se integró en expediente de juicio electoral, para que ésta determine con claridad si será un periodo de dos años de la nueva gubernatura de Baja California, conforme a la convocatoria original del proceso electoral y las sentencias consecutivas emitidas por el propio tribunal.

“Se trata de un primer recurso legal interpuesto por el INE en defensa de la certeza del proceso electoral celebrado en aquella entidad, en el que resultó ganador el hoy gobernador electo Jaime Bonilla, para el periodo que corre del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre del 2021”, indicó el INE en un comunicado.

Un día después de ser publicada en el Periódico Oficial del Estado la llamada ley Bonilla, los partidos PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano fueron los primeros en impugnar la modificación concretada por el Congreso local, mientras que cuatro días antes se había realizado una consulta ciudadana en Baja California para avalar o no la modificación legal.

Que ministros no sean por ternas

En el Senado, Morena busca modificar el proceso de designación de candidatas y candidatos para ocupar una vacante en la Corte y que el procedimiento sea a través de propuesta única.

El senador de Morena, Salomón Jara, propuso eliminar la terna que entrega el presidente a la Cámara Alta con las y los aspirantes que considere adecuados para ocupar un lugar en el máximo tribunal.

De acuerdo con el legislador, el esquema de ternas vigente “representa un modelo obsoleto que distorsiona el sistema de elección, favoreciendo la negociación política”.

Consideró que así se privilegiaría el estudio concreto del aspirante, para después ser electo o no por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

“El mecanismo de ternas debe ser desterrado de nuestro sistema jurídico y sustituido, en el caso de la integración de la Suprema Corte”. (Con información de Marisol Velázquez)