Telefónicas darán datos de usuarios

A partir de hoy siete juzgados federales penales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones están facultados para permitir a la Procuraduría General de la República (PGR) solicitar a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y empresas comercializadoras información relativa a números telefónicos, llamadas, suspensión de líneas, entre otros datos .

Lo anterior con el objetivo de que la PGR obtenga evidencias para combatir el secuestro y extorsión o amenazas a la seguridad nacional, como lo establece la nueva Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, recién publicada en el Diario Oficial de la Federación.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a través del Acuerdo 6/2011 emitido ayer, dejó en claro que sólo será la PGR la facultada para requerir las solicitudes, aun cuando con motivo de la investigación lo obtenido sea compartido al Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) o al Comisionado General de la Policía Federal.

Todo ello durante la etapa de la averiguación previa y en términos del artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Añadió: Los jueces atenderán y resolverán antes del término de su turno, para que después se firme, se autorice la resolución que conceda o niegue, y se incorpore al sistema electrónico .

Esto es para que conforme con los artículos 10 bis y 10 del acuerdo, además del juez que la dictó, sólo esté disponible para el personal autorizado de la PGR, Dirección General del Cisen y Comisionado General de la Policía Federal, quienes podrán obtener copia electrónica inmodificable para realizan la impresión correspondiente .

Lo que de acuerdo con los nuevos protocolos permitirá identificar cualquier fuga de información o manejo con fines delictivos de la misma, esto es, que sean alertados los implicados en delitos de secuestro o extorsión por servidores públicos infiltrados en su servicio.

El acuerdo del CJF plantea: Los jueces deberán resolver en forma rápida las solicitudes de medidas cautelares necesarias para la investigación de los delitos, así como para la prevención, la disuasión, la contención y la desactivación de amenazas a la seguridad nacional .

rtorres@eleconomista.com.mx