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Telefónicas niegan geolocalización por costo elevado
El IFT publicó las reglas de geolocalización en tiempo real de sujetos o víctimas relacionados con delitos federales.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó las reglas para la geolocalización en tiempo real de sujetos o víctimas relacionados con delitos federales, como delincuencia organizada, narcotráfico y especialmente el secuestro.
En el Diario Oficial de la Federación, el IFT publicó los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia, que contempla los requerimientos que deberán seguir las instituciones de seguridad del país para solicitar a los concesionarios de telefonía móvil, información de localización geográfica y entrega de datos conservados de los usuarios en caso de la comisión de un delito federal.
Los lineamientos garantizan la protección de la privacidad y los datos personales, así como una efectiva y oportuna colaboración de los concesionarios con las autoridades, sobre todo cuando se encuentre en peligro la vida humana.
El documento hace referencia a un análisis del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) del 2013 titulado Delitos primero, índice delictivo , donde se refiere que el secuestro en la sociedad es tan grande que un aumento de 10 secuestros por cada 100,000 habitantes aumenta la percepción de inseguridad en el país en más de 5 por ciento.
Al respecto, diversos titulares de las unidades especializadas en combate al secuestro (...) manifestaron ante el instituto que contar con los datos de localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil, es fundamental para combatir los delitos de alto impacto, como lo es el secuestro , refiere.
La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, confió en que las operadoras telefónicas acepten entregar los datos de localización de las personas, pues destacó que ha sido una constante que se nieguen a hacerlo, debido a que argumentan dos motivos: que les genera un alto costo de personal, y que están compartiendo información exclusiva del usuario. Miranda de Wallace dijo que otra argumentación de las telefónicas para resistirse a entregar la información es la desconfianza en los ministerios públicos.
Sin embargo, dijo que las autoridades han dicho a los concesionarios que existen sanciones para aquellos ministerios públicos que utilicen dolosamente la información solicitada.
Descartó que estos lineamientos puedan vulnerar la privacidad de las personas, pues dijo que cuando se habla de geolocalizar un aparato solamente se geolocaliza, no quiere decir que se tenga acceso a la información (del celular). Yo creo que hay delitos tan graves que debemos darles a los fiscales y ministerios públicos todas las herramientas necesarias , dijo.
Dijo confiar que esta vez los concesionarios sí cumplan con los lineamientos, pues en el caso de la intervención de llamadas, han mostrado cómo evadir esta responsabilidad .