Tercera era electoral, el eterno remendar

El sistema electoral mexicano entrará a una tercera era. Aunque en dos décadas de desarrollo del sistema democrático se ha demostrado que quienes compiten por el poder político tienden a buscar vacíos o inconsistencias, México entrará a una tercera fase con el nacimiento en breve del Instituto Nacional Electoral.

La intensificación de la competencia electoral y las exigencias de mayor equidad, que aun siguen siendo una demanda, en las contiendas electorales, han sido los principales incentivos para la evolución de la normatividad electoral.

En 23 años de cambio político, ha sido necesario detallar los periodos de campañas, reducir su duración, definir las fuentes autorizadas de financiamiento, establecer topes al gasto de campaña y precisar fórmulas claras para la estimación del financiamiento público que recibirán los partidos políticos. Todo con la finalidad de darle transparencia a los recursos que se invertirán en las contiendas y que sustentarán las actividades de proselitismo de los partidos políticos y sus candidatos, refiere el documento las bases para la transición del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional de Elecciones.

Desde que el gobierno mexicano tomó el control de las elecciones federales en 1917, con la promulgación de la Constitución, tuvieron que pasar 73 años para que México contara con un órgano encargado de organizar las elecciones, y seis más par que éste tuviera autonomía del gobierno en turno.

Desde 1990, nuestro país ha tenido por lo menos tres reformas electorales de gran calado. La primera, de ese año, con la creación del IFE, aunque aún sin autonomía; luego en 2007, tras la polémica elección presidencial de un año donde una buena parte de la población cuestionó los resultados que dieron por ganador al panista Felipe Calderón sobre su más cercano competidor, Andrés Manuel López Obrador, con un margen de diferencia de menos de un punto porcentual.

La tercera gran reforma fue la del 2013 cuando el Congreso ordenó la creación del Institutito Nacional de Elecciones –que se conformará en los próximos días cuando la Cámara de Diputados nombre a los 11 consejeros- para que esa autoridad autónoma se encargue de los procesos federales y con poder de atracción de los comicios estatales cuando así o determine conveniente.

Estas dos décadas de desarrollo democrático, refiere el documento para la transición del IFE al INE, también han demostrado que quienes compiten por el poder político tienden a buscar vacíos o inconsistencias legales que les puedan resultar beneficiosas .

Por ejemplo, después de la elección del año 2000, surgió el tema del financiamiento irregular en las campañas presidenciales del PRI y PAN. Al respecto, surgieron denuncias penales y procedimientos administrativos sancionadores en contra de ambos partidos conocidos en el adagio popular como Pemexgate y Amigos de Fox.

Otro hecho significativo en ese tenor ocurrió también el 26 de junio de 2012, cuando el PAN, y luego secundado por el PRD, PT y MC, presentó una queja en contra de la coalición Compromiso por México, integrada por el PRI y PVEM y su entonces candidato a Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por la presunta operación de recursos a través de tarjetas del Banco Monex por un monto 701 millones 471,800 pesos utilizados, según la denuncia, para el pago de personas en una estructura piramidal que va desde el representante de casilla hasta el representante general . Esto dio pie a investigaciones por parte de la Unidad de Fiscalización del IFE, quien finalmente determinó que el PRI sí tenía vínculos con dichas tarjetas, aunque no pudo comprobar su vínculo para la coacción del voto, hecho que le valió sendas críticas a los consejeros electorales cuando respaldaron el dictamen sin sanción para el PRI y su entonces candidato presidencial.

En esta etapa, la Dirección Jurídica del IFE fue parte importante en el desahogo de los procedimientos, pues aun y cuando ambos procesos fueron sustanciados por la entonces Comisión de Fiscalización, se coadyuvó en las tareas de investigación que tenía que avalar el Secretario Ejecutivo para pedir información, así como en la consecución de las averiguaciones previas.

De esa forma, continúa el documento, la intensidad de la competencia de la elección anterior exhibe las debilidades de la normatividad, lo que provoca nuevas reformas electorales para subsanarlas, y al aplicarse estas innovaciones en la siguiente elección, quedan de manifiesto otras imprecisiones que deberán ser corregidas en las siguientes reformas electorales para avanzar hacia una mayor equidad en la contienda política.

En todo caso, la trascendencia del trabajo realizado por el IFE para la convivencia electoral, política e incluso social de los mexicanos, permite dividir la historia política de México en dos, una antes del IFE y otra a partir del IFE.

Ahora, un nuevo consenso legislativo en materia electoral se ha convertido en la base de la futura transformación de la democracia mexicana. El contraste entre las condiciones de la competencia electoral en las entidades federativas, con las experimentadas a nivel federal, fue el principal incentivo para modificar la estructura de la administración electoral de todo el país , refiere el documento.

Actualmente, con la reforma constitucional en materia electoral del 2013, el Congreso de la Unión determinó transformar el modelo de organización electoral federal y transitar hacia un sistema nacional de elecciones.

Los retos y efectos de esta transformación serán múltiples, no sólo para la autoridad electoral, sino para el sistema democrático en su conjunto. Dada la profundidad del cambio que está por iniciar, es claro que la historia de la vida política de México está entrando en una tercera era: la de la administración nacional de las elecciones a cargo del IFE transformado en Instituto Nacional Electoral , precisa.

CRONOLOGÍA ELECTORAL DE MÉXICO

• 1917: La Constitución de ese año instituye a la Junta Empadronadora, las Juntas Computadoras Locales y los Colegios Electorales como organismos encargados de organizar y calificar los procesos para elegir al Presidente de la República y al Congreso de la Unión.
• 1946: El Presidente Manuel Ávila Camacho promulga la Ley Federal Electoral y crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. La Ley ordena la creación de comisiones electorales locales y el Consejo del Padrón Electoral.
• 1951: El Congreso de la Unión aprueba reformar la Ley Federal Electoral para que la Comisión Federal de Vigilancia Electoral pueda arbitrar el registro de nuevos partidos políticos y emitir constancias de mayoría.
• 1973: Desaparece la Comisión Federal de Vigilancia Electoral; en su lugar el Congreso crea la Comisión Federal Electoral.
• 1977: El gobierno federal expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. La LOPPE permitió la participación de los partidos políticos registrados –con la figura de registro condicionado o definitivo- en igualdad de condiciones.
• La Comisión quedó conformada por el Secretario de Gobernación, un representante de cada una de las cámaras legislativas, un representante por partido con registro y un notario público.
• 1987: El Congreso de la Unión realizó una reforma Constitucional para introducir el criterio de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal Electoral.
• 1990: Como resultado de las Reformas electorales realizadas a la Constitución, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y ordenó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), órgano electoral aún dependiente del gobierno federal.
• 1994: La reforma electoral aprobada ese año instituyó la figura de consejeros ciudadanos , personalidades propuestas por las fracciones partidarias en la Cámara de Diputados y electos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
• 1996: La reforma electoral de este es la que forma al IFE tal y como se conoce hoy, al darle autonomía e independencia desligándolo por completo al Poder Ejecutivo y se reservó el voto dentro de los órganos de dirección para los consejeros ciudadanos.
• 2007: La reforma electoral de ese año buscó fortalecer la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones federales; reguló el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a los medios de comunicación; buscó condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales y transparentar la organización y difusión de los resultados electorales.
• 2013. La reforma electoral ordenó la creación del Instituto Nacional de Elecciones, con capacidad de organizar procesos electorales federales y por atracción también de los estados.

jmonroy@eleconomista.com.mx