Van ministros aspirantes por combatir corrupción

Proteger la independencia y autonomía judicial, transparentar los procesos y decisiones de la Corte, usar de manera eficiente los recursos públicos asignados, combatir la corrupción, rendir cuentas y transitar a un poder Judicial digital, son, entre otros, los puntos de coincidencia de los cinco aspirantes a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para el periodo constitucional 2023-2026. Aquí las propuestas de los candidatos; se presentan en orden alfabético por apellido:

Yasmín Esquivel Mossa

Desde la óptica de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la consolidación de la democracia requiere de un poder Judicial fuerte, garante de la Constitución y los derechos humanos, que emita determinaciones capaces de transformar a la sociedad y coadyuvar a la solución de los problemas de desigualdad enraizados en México.

Para crear un entorno seguro en el que todas y todos tengan cabida, considera, se necesitan políticas públicas judiciales contundentes, que derriben las barreras de la discriminación.

“Ese es el motivo que me impulsa a postularme como la primera mujer presidenta del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, con la única intención de continuar la importante misión de dirigir a una institución a la altura de las circunstancias sociales, garante de su autonomía y eficaz en la impartición de justicia, sobre todo a las personas más desprotegidas”, cita el documento.

Esquivel Mossa estima que resulta fundamental el diseño de un nuevo portal o plataforma que consolide lo relativo al ejercicio del presupuesto y el uso de recursos materiales.

Con respecto a la transparencia procesal, considera muy relevante mejorar la funcionalidad electrónica que permita a los justiciables, y a cualquier persona interesada, conocer el estatus procesal en que se encuentran los asuntos.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sugiere profundizar los procesos administrativos de responsabilidad y la lucha contra la corrupción mediante la creación de la Unidad Especializada en Análisis y Prevención de Actos de Corrupción.

Dicha unidad se encargará de recibir, requerir, concentrar y analizar toda la información relacionada con actos de corrupción provenientes de las diversas fuentes con las que cuenta la institución, con base en la cual se implementarán medidas, formas y las denuncias correspondientes.

Para atender a las personas que imparten justicia federal, plantea adoptar una política de escucha y atención constante hacia los jueces, juezas, magistradas y magistrados federales para conocer y resolver sus necesidades y preocupaciones recurriendo a las áreas administrativas del CJF

Considera que el incumplimiento de una resolución de amparo debe generar severas sanciones penales, presupuestales y de vigilancia para las autoridades involucradas, porque implica desvío de recursos públicos y violaciones directas a la Constitución.

Por ello propone que el PJF lleve una bitácora del cumplimiento de sentencias de amparo con el fin de tener un padrón anual de autoridades omisas y contumaces, que servirá para dar vista al Ministerio Público Federal, a la Cámara de Diputados y a la Auditoría Superior de la Federación.

Javier Laynez Potisek

Para el ministro Javier Laynez Potisek uno de los principales retos a enfrentar desde la cabeza del PJF es el combate frontal y determinante contra la corrupción y el nepotismo.

En su opinión, mayor transparencia en el actuar judicial no sólo abona a una mejor impartición de justicia, también construye legitimidad y fortalece la confianza que la ciudadanía deposita en los ministros y jueces.

Propone que el CJF establezca un observatorio de participación ciudadana que coadyuve en la vigilancia y el monitoreo, exclusivamente en lo que corresponde al ejercicio del gasto administrativo, señaladamente el destinado a las adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Así como formalizar reglas de puntos de contacto entre personas impartidoras de justicia y las partes, por considerar que uno de los espacios que las personas usuarias del sistema de justicia identifican como susceptible a la corrupción o la influencia de factores externos es el de las audiencias informales en las que las partes exponen los llamados “alegatos de oreja’’.

La falta de regulación al respecto, que se da todos los días en cada nivel del PJF, dice, pone en peligro la imparcialidad y la equidad de la justicia, y dan pie a la opacidad en las decisiones.

La transparencia en los procesos de la Corte, también es su prioridad porque, aunque el PJF ha avanzado hacia la transparencia judicial, admite, “es una realidad que muchos de los procesos y decisiones que se desarrollan y toman al interior de la Corte son desconocidos y por tanto incomprensibles para la sociedad”.

Alberto Pérez Dayán

El ministro Alberto Pérez Dayán considera que para hacer efectiva una política de cero tolerancia a la corrupción es preciso desvincular la Contraloría del PJF de la Presidencia del Alto Tribunal y del CJF, porque debe ser un área autónoma que no guarde dependencia para el correcto desempeño de sus funciones.

Ahora más que nunca, opina, “debemos enfocar nuestros esfuerzos sobre dos aspectos primordiales:

“El primero es continuar con la política de cero tolerancia a cualquier hecho de corrupción, haciendo de ella una más eficiente y eficaz, e implementarla al resolver hechos que impliquen discriminación, hostigamiento, acoso sexual y discriminación, ya que no es posible tolerar situaciones de tal índole en la institución jurisdiccional protectora de los derechos humanos”.

El segundo consiste en “recobrar la confianza ciudadana, multiplicando esfuerzos y haciendo con mayor eficiencia nuestra labor y transparentando aún más el gasto público, ya que la credibilidad se recupera con acciones y no con discursos, lo cual será fundamental para fortalecer al PJF y contribuirá a la consolidación de la independencia y autonomía judicial”.

Se requiere, desde su visión, trabajar en conjunto a través de Comisiones sobre los ejes centrales de mayor interés, tales como la Administración, los Procedimientos Administrativos de Responsabilidad, la Transparencia, la política de cero tolerancia al acoso sexual, hostigamiento, discriminación, nepotismo y corrupción, entre otros.

Norma Piña Hernández

La ministra Norma Piña Hernández explica en su programa de trabajo que la columna vertebral en la ejecución de sus funciones como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la independencia judicial —interna y externa— replanteada como un medio indispensable para garantizar una adecuada impartición de justicia y hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos.

“Porque la independencia judicial constituye la principal garantía de imparcialidad de la judicatura en beneficio de la sociedad. Estoy convencida de que la independencia judicial no sólo se alcanza a través del diseño legal e institucional, sino que brota, nace, de la conciencia del juzgador’’.

La recuperación de la confianza social en el sistema de impartición de justicia pasa, inevitablemente, detalla, por el reposicionamiento de la independencia judicial como la base a partir de la cual los jueces dan cumplimiento a las demandas de las personas justiciables. “La pérdida de la independencia judicial no sólo afecta a los integrantes de la judicatura, sino que repercute en el equilibrio de los poderes al vulnerar las libertades y los derechos humanos de las personas’’.

Su propuesta central, asegura, “estriba en trabajar para la consolidación de mayorías, cediendo en la imposición de mi visión personal’’.

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