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Voto de castigo, con efectos limitados
En el análisis se expone que elecciones cada tres o seis años reduce la capacidad de respuesta de la élite política a las coyunturas con suficiente rapidez.
Si bien las elecciones son capaces de comunicar preferencias y voluntades de la ciudadanía por medio del apoyo o rechazo hacia un candidato o partido, su capacidad de garantizar una rendición de cuentas por parte de la élite política es limitada, destaca el Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC).
En un análisis titulado Oídos sordos ante la corrupción este think tank expone que el hecho de que las elecciones sucedan una vez cada tres o seis años reduce su capacidad de responder a las coyunturas con suficiente rapidez.
Por otro lado, el CIDAC indica que el diseño del sistema electoral mexicano en el que las lealtades de los políticos atienden más a los líderes partidistas que a los votantes, protege a los gobernantes de los costos del voto de castigo de la ciudadanía.
Es así que el hecho de que un gobernador o un candidato pierdan una elección debido a los escándalos o acusaciones de corrupción en su contra, en realidad, representa un costo para el partido, pero no para el individuo.
Estos incentivos son insuficientes para hacer de la vía electoral una garantía de sanción a las acusaciones de corrupción , refiere. En el caso de las candidaturas independientes, planteadas como una opción para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía en contra de la corrupción indica que no han dado los resultados esperados.
En relación con el Sistema Nacional Anticorrupción como andamiaje normativo e institucional para perseguir la corrupción, el CIDAC refiere que ello no necesariamente implica un combate eficaz contra esta práctica.
Profundiza que más allá de sistemas nacionales y comisiones especializadas, las herramientas fundamentales para la persecución de la corrupción ya existían en marcos normativos como los códigos penales que contemplan delitos como el peculado, el lavado de dinero, la asociación delictuosa y la extorsión, entre muchas otras conductas que debieran ser investigadas y sancionadas por las instituciones del sistema de justicia penal.
El verdadero problema es que carecemos de instituciones de procuración de justicia capaces de garantizar la imposición de sanciones de carácter administrativo y/o penal en los casos en los que las autoridades hayan incurrido en la comisión de un delito , de acuerdo con el trabajo de CIDAC.