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ABM considera que la iniciativa de cobranza delegada en créditos de nómina debe revisarse
El dictamen aprobado permite, entre otras cosas, que los créditos de nómina que otorgan diversas instituciones, principalmente Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (Sofomes ENR), se cobren directamente antes de que los patrones depositen el salario a sus trabajadores.
La Asociación de Bancos de México (ABM) consideró que la iniciativa sobre la cobranza delegada de los créditos de nómina que se aprobó la víspera en la Cámara de Diputados, debe revisarse.
El dictamen aprobado permite, entre otras cosas, que los créditos de nómina que otorgan diversas instituciones, principalmente Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (Sofomes ENR), se cobren directamente antes de que los patrones depositen el salario a sus trabajadores.
Al respecto, la ABM subrayó que debe revisarse con el propósito de que se prevean mecanismos que permitan a los trabajadores decidir con qué institución financiera contratan un crédito de nómina, así como la dispersión de su nómina.
También, que se promueva la competencia, de forma que se ofrezcan más créditos y en mejores condiciones; se cuide el no sobre endeudamiento de los trabajadores; y se establezca un piso parejo en la regulación para todo tipo de entidades financieras que otorgan este tipo de créditos, particularmente las Sofomes ENR, conocidas como “nomineras”.
De igual forma, para que se garantice la transparencia y claridad de las condiciones del crédito, y no se fijen controles de precios que distorsionen el mercado.
“La ABM y sus asociados, respetuosos del proceso legislativo, tienen un constante diálogo y acercamiento con los integrantes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, a quienes en esta ocasión les reiteramos que cuentan con nosotros, con el fin de aportar información y elementos que abonen al trabajo que los legisladores hacen en beneficio de nuestra sociedad, en temas de relevancia como son los relacionados con el crédito de nómina y en general del financiamiento”, resaltó el organismo en un comunicado.
Añadió que siempre apoyará todas las medidas que sean en beneficio del trabajador, como la mejora en condiciones que protejan la suficiencia del salario para las necesidades de las familias.
Condusef señala inconvenientes y posibles afectaciones
Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), mencionó que, no menos importante, es que el Costo Anual Total (CAT) promedio que ofrecen las “nomineras”, exceden las tasas de interés que por créditos de nómina o créditos personales ofrecen otros agentes del sistema financiero mexicano, por ejemplo, los bancos.
“Es importante resaltar que las ‘nomineras’ han otorgado créditos a trabajadores cuyo riesgo crediticio es bajo, ya que la fuente de pago está garantizada a través del propio salario del trabajador, por lo que no se justifican las altas tasas de interés”, señaló.
La Condusef agregó que la iniciativa prevé obligaciones excesivas para los patrones, entre los que se encuentran los gobiernos federal, estatales y municipales, para dar aviso en 24 horas respecto de la disposición de los recursos del crédito a los acreditados (trabajadores) y acreditantes (instituciones financieras), convirtiéndose en depositarios y obligados solidarios con todos los efectos legales correspondientes, además de la responsabilidad de registrar contratos.
“Adicionalmente, la administración de la retención de la nómina y los enteros a la institución financiera se convierten en una carga para las áreas de recursos humanos de los patrones, sin posibilidad de realizar cobro alguno”, enfatiza.
Refirió, de igual forma, que se contempla la posibilidad de refinanciar los adeudos de los trabajadores acreditados, lo cual podría generar que el costo de los créditos se incremente y resulte exorbitante, ya que se trata de una nueva obligación.
"Seremos respetuosos de las decisiones del Poder Legislativo, pero debemos señalar con claridad los serios inconvenientes y posibles afectaciones a la economía de los trabajadores, de autorizarse un esquema legal que, si bien regula, no lo hace de forma equitativa y salvaguardando el interés primordial de los usuarios de servicios financieros, en este caso la economía familiar de los trabajadores”, concluye.