Información de instituciones financieras debe de tener mayor impacto en la lucha contra el lavado: Grupo de Wolfsberg

Si bien las instituciones financieras procesan información que puede ser de utilidad para las autoridades en el combate al lavado de dinero, la capacidad de las entidades está limitada al no tener la retroalimentación y orientación idóneas para enfocar sus esfuerzos en los riesgos latentes para el blanqueo de capitales, de acuerdo con un análisis del Grupo de Wolfsberg. 

Según el organismo, que concentra a 13 bancos globales para desarrollar estándares contra el lavado de dinero, para que la información que procesan las entidades financieras pueda ser de más utilidad contra el blanqueo de capitales, es necesario fortalecer las asociaciones público-privadas para enfocarse en los riesgos reales del lavado de dinero. 

"Las instituciones financieras están en una posición única para identificar clientes y actividades que pueden presentar riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y han creado grandes programas de cumplimiento de delitos financieros para hacerlo", destacó el grupo. 

"Sin embargo, generalmente carecen de comentarios consistentes de las autoridades nacionales sobre la utilidad de la información que brindan a las agencias gubernamentales relevantes (incluidas las fuerzas del orden público) a través de informes y sobre las áreas de riesgo de delitos financieros que deben priorizar", añadió. 

Para el Grupo de Wolfsberg, las instituciones financieras carecen de un marco claro para el intercambio de información con las autoridades gubernamentales, así como con otros participantes del sistema financiero, lo que limita su capacidad para aportar elementos en la lucha antilavado. 

"Las instituciones financieras se ven obstaculizadas en su capacidad para ayudar a la aplicación de la ley de manera efectiva", destacó el organismo en su informe Eficacia a través de la colaboración. 

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda es el ente que recibe la información por parte de los sujetos obligados al marco normativo de prevención de lavado, como las entidades financieras, supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y las actividades vulnerables, que son vigiladas por el Servicio de Administración Tributaria. 

De acuerdos con cifras de la UIF, del 2004 a abril pasado esta instancia recibió más de 288 millones de reportes, en distintas categorías, por parte del sistema financiero; mientras que, en materia de avisos de las actividades vulnerables, de noviembre del 2013 a abril de este año, la unidad recibió más de 45 millones. 

Si bien, el volumen que procesa la UIF es considerable, organismos como el Grupo de Acción Financiera (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo han señalado su falta de efectividad en materia de recuperación de activos y sentencias por el delito de blanqueo. 

Fortalecer mecanismos 

En el documento, el Grupo de Wolfsberg sugirió una serie de acciones para que la información de las entidades financieras tenga más impacto en la lucha antilavado. 

Según el análisis, es necesario realizar un enfoque basado en riesgos con el fin de delimitar las prioridades en cuanto a la información que se procesa. "Este proceso de establecimiento de prioridades nacionales también debe reconocer que no todo puede ser una prioridad y algunos elementos de menor valor pueden y deben ser despriorizados". 

Para el organismo, es necesario que la comunicación de las autoridades con las entidades financieras contenga los siguientes elementos para tener un mayor impacto: 

• Participación activa y patrocinio de figuras de alto nivel del sector público. 
• Reuniones periódicas, con estructura y membresía establecidas. 
• Membresía inclusiva y multidisciplinaria. 
• Compartir información procesable. 
• Tener un marco legal que respalde el intercambio de información. 
• Intercambio de información con un enfoque multidireccional. 
• Mecanismos para evaluar el trabajo y operación. 

"Una asociación pública-privada puede ayudar a los participantes del sector público y privado a mejorar su eficacia en la lucha contra el lavado de dinero, sus delitos asociados y los riesgos de financiamiento del terrorismo, así como reducir la eliminación de riesgos de manera innecesaria y generalizada", comentó el organismo.