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Informalidad del crédito prendario, amenaza latente
Las personas pueden revisar en la Profeco el listado de las casas de empeño formales, que se estima son más de 7,500 en todo el país.
La situación económica que atraviesa el país puede orillar a muchos mexicanos a acudir a casas de empeño informales, con un mayor riesgo de perder los bienes que empeñan para obtener algo de liquidez durante la contingencia del Coronavirus, alertó la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre).
En entrevista, Joel Rodríguez Navarro, director general de la Asociación que representa a 29 casas de empeño formales, que suman más de 3,500 sucursales, habló sobre cómo han operado sus asociados durante la contingencia del Covid-19, que tan sólo en el 2019, realizaron 61.1 millones de operaciones prendarias.
“Hacemos un llamado para que la gente acuda a casas de empeño formales, que no se arriesguen, que sepan que las empresas sólidas que invierten tiempo en estar regulados, es donde sus prendas estarán protegidas”, detalló Rodríguez Navarro, quien añadió que, en las empresas debidamente registradas, regularmente ocho de cada 10 clientes recuperan sus prendas.
El pasado 4 de mayo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó el acuerdo que declaró la operatividad de las casas de empeño como actividad esencial. En este contexto, el representante de la Amespre comentó que el crédito prendario formal es de suma importancia para las personas que buscan liquidez inmediata y que instituciones, como los bancos, no les pueden dar.
“La industria prendaria atiende a dos de cada tres mexicanos, que sin el crédito prendario no podrían solucionar sus necesidades de efectivo... es por eso que nos hemos preocupado para que se cumpla con todo el marco legal”, detalló.
Indicó que las personas pueden revisar en la Profeco el listado de las casas de empeño formales, que se estima son más de 7,500 en todo el país.
Asimismo, resaltó que las empresas debidamente registradas tienen que cumplir con la ley mercantil, así como la ley antilavado y de protección de datos personales.