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La Concamex busca modificaciones legislativas para reforzar al sector
Con la finalidad de que las socaps tengan más incidencia en la economía de sus socios y así estas organizaciones tengan un mayor desarrollo, se prevé que el marco legislativo que rige a estas entidades, compuesto por varias leyes, tenga modificaciones.
Puerto Vallarta, Jal. Con la finalidad de que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) tengan más incidencia en la economía de sus socios y así estas organizaciones tengan un mayor desarrollo, se prevé que el marco legislativo que rige a estas entidades, compuesto por varias leyes, tenga modificaciones.
Durante su participación en IV Reunión de Cooperativas, Yadira Medina Gil, directora general de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), mencionó que ya se tienen detectados los cambios a la ley, por lo que esta organización ha comenzado con el trabajo de realizar las propuestas ante el legislativo y se busca el consenso de autoridades financieras que vigilan a estas instituciones.
“Estamos comprometidos con cumplir. Pero necesitamos cambios legislativos para tener un mayor desarrollo”, detalló Medina Gil durante el evento organizado por Prybe.
Medina Gil explicó que en abril pasado, el Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana, del cual forma parte la Concamex, presentó una iniciativa en el poder legislativo para reformar la Ley General de Sociedades Cooperativas, con el fin de que ésta contemple que las socaps puedan incorporar a su membresía de socios a personas morales.
“Se busca certeza jurídica y generar un mayor desarrollo para poder financiar actividades de empresas, personas morales, por ejemplo otras cooperativas de producción y de consumo”, detalló la directora general de la Concamex, quien agregó que en diciembre próximo vence el plazo para que el poder legislativo dictamine dicha reforma.
Respecto a la ley para Regular las Actividades de las Socaps (Lrascap), Medina Gil explicó que se busca hacerle modificaciones para adecuar la regulación financiera a la actividad de las cooperativas de ahorro y préstamo, además de establecer un mayor control con las sociedades de nivel básico, que por tener un nivel inferior a 2.5 millones de Udis, en la actualidad no requieren supervisión por parte de alguna autoridad.
“Lo que estamos buscando con esta reforma es que las socaps reguladas tengan un mayor desarrollo y las que se crean de nivel básico tengan un control y seguimiento para controlar el riesgo sistémico”, manifestó Medina Gil y agregó que dicha iniciativa se prepara para presentarla próximamente ante el legislativo.
Sanciones de la Condusef
Al referirse a la supervisión que realiza la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a estas organizaciones, Medina Gil dijo que es necesario un cambio al marco normativo de esta autoridad, con el fin de que las multas no sean un lastre para las socaps.
“No nos estamos negando a cumplir, pero lo que necesitamos es que así como existen en la Lrascap mecanismos de autocorrección y amonestación, también se establezcan en la ley de la Condusef para evitar ser sancionados”, comentó la directiva de la Concamex.
Asimismo, Medina Gil indicó que es necesario que en el tema de sanciones de esta autoridad exista un principio de proporcionalidad, con el fin de no “sancionar por igual a desiguales”.
“Buscamos que sean multas en función del nivel de activos, de la capitalización o incluso de los excedentes, pero eso lo estamos analizando”, detalló Medina Gil.
Respecto a la salida ordenada de las socaps que no pudieron conseguir su autorización para continuar con sus operaciones, Medina Gil indicó que es necesario que en estos procesos no participen los gobiernos estatales, como se prevé actualmente, pues éstos pocas veces cuentan con los recursos para apoyar los procesos de salida de cooperativas que operan en sus regiones, por lo que lo ideal es que el gobierno federal otorgue los recursos correspondientes.
En la actualidad existen casi 160 socaps autorizadas, mismas que atienden a cerca de 7 millones de socios y administran activos por más de 156,000 millones de pesos.