Lectura 3:00 min
PRD propone reducir a 30 días plazo para registro de socaps
El senador Benjamín Robles Montoya propuso mediante una iniciativa reducir de 180 a 30 días el plazo para el registro de socaps ante la CNBV y así minimizar los fraudes a usuarios de cajas populares y sociedades cooperativas.
El senador Benjamín Robles Montoya (PRD) propuso mediante una iniciativa reducir de 180 a 30 días el plazo para el registro de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y así minimizar los fraudes a usuarios de cajas populares y sociedades cooperativas.
Argumentó que el plazo de 180 días, que contempla en la actualidad la Ley para Regular las Actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos, es un nicho de oportunidad para aquellas instituciones que con ánimo de defraudar a los ahorradores utilizan este tiempo para aparentar legalidad .
Además, pidió que las cooperativas entreguen informes trimestrales, incluso si se tienen menos de 2,000 socios.
Lo importante no es exigir o reportar menos, sino supervisar y reconocer el impacto que causa defraudar a comunidades rurales, ya que literalmente se llevan todo lo que poseen, dejando a comunidades enteras en una parálisis financiera, al romper con los ciclos económicos con que cuentan para sobrevivir , destacó el Senador.
En la iniciativa turnada a las comisiones unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos Primera del Senado, Robles Montoya pidió establecer límites a los préstamos.
Los préstamos que otorguen a sus socios las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operaciones básico, no podrán exceder 30% del capital contable, y requerirán para obtener cualquier otro crédito de la aprobación del Consejo de Administración, quienes deberán hacer del conocimiento y poner a disposición toda la información relativa a las citadas operaciones a la asamblea general de socios , acotó Robles Montoya.
Además, añadió, los consejeros y funcionarios deberán excusarse de participar en las discusiones y abstenerse de votar en los casos en que tengan un interés directo o un conflicto de interés.
El legislador perredista respaldó su propuesta tras explicar que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros establece que la mayor parte de los problemas de las cajas de ahorro se centran en las que operan de manera irregular o al margen de la ley.
De las 850 entidades, sociales y privadas, que prestan servicios de ahorro y crédito popular en el país, tan sólo 99 cuentan con la autorización y supervisión de la CNBV, y el resto está en proceso o carece de registro, advirtió el legislador.
tania.rosas@eleconomista.mx