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Sector Financiero

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PRI pide nueva ley para SCAP

Para evitar la proliferación de cajas de ahorro fraudulentas, la diputada federal priista, María del Rocío García, presentó una iniciativa que adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Para evitar la proliferación de cajas de ahorro fraudulentas, la diputada federal priista, María del Rocío García, presentó una iniciativa que adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP).

En estas, se contemplan más obligaciones a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de control, vigilancia y supervisión de las cajas, e incluso se incrementan las sanciones para funcionarios públicos y directivos de scaps que, por omisión o de manera discrecional, permitan el mal funcionamiento de entidades.

La iniciativa refiere que la escasa vigilancia a las instituciones y el vacío legal en la materia, ha permitido que en los últimos 10 años, poco más de 200,000 ahorradores fueran defraudados por cajas de ahorro en el país .

Explica que hoy hay diversas normas dispersas aplicables al sector, y un incremento desmesurado de cajas y cooperativas, principalmente por el desgastado marco regulatorio que no permite una operación adecuada de los sistemas de verificación y control, además de la existencia de instituciones privadas de intermediación, que, dice, favorecen la opacidad.

Se refiere que la iniciativa pretende fortalecer los mecanismos de control a partir de criterios como: enfatizar en las facultades de inspección y vigilancia de la autoridad, para que se formulen no como potestades, sino como obligaciones de la CNBV, que de no ser debidamente cumplidas, den lugar a la exigencia de responsabilidades a los servidores públicos encargados del control.

Asimismo, dotar a la autoridad de las facultades de supervisión y vigilancia, para que ésta no sea ejercida por instancias intermedias que no disponen de la potestad del Estado; hacer más rígidos los controles a través de la obligación de la supervisión periódica de las sociedades por medio de visitas de inspección; y erradicar las facultades discrecionales de la autoridad.

eduardo.juarez@eleconomista.mx

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