Sector popular busca ser prioridad para el próximo gobierno

En el marco de la llegada del nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el sector de ahorro y crédito popular, que atiende a más de 11 millones de personas en el país, ha realizado sus pedimentos para poder ser partícipe en la inclusión social que ha prometido la próxima administración.

Desde modificaciones a su marco normativo hasta tener más acercamiento con diferentes dependencias gubernamentales fueron parte de las solicitudes de diversos organismos representativos que estas entidades como las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps), financieras populares y comunitarias realizaron a diputados y representantes del nuevo gobierno.

Durante el foro Banca Social, Remesas e Inclusión Financiera, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, los representantes de diversos organismos del sector coincidieron en que la inclusión social que ha prometido el nuevo gobierno tiene que ir acompañada de una estrategia digital y financiera en comunidades, donde prácticamente no existen servicios ni financieros ni de Internet.

En su participación, Isabel Cruz Hernández, directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Credito (Amucss), destacó que es importante que la inclusión financiera esté acompañada de una digitalización en las zonas de escasos recursos del país.

“Quiero proponer, como sector, trabajar en una ley de inclusión, que permita vincular la inclusión digital con la financiera como un mandato de Estado, con el fin de tener una inclusión social”, expresó Cruz Hernández.

De acuerdo con la representante de la Amucss, con la política del próximo gobierno de expandir los apoyos sociales, es necesario vincular más a la banca de desarrollo con estos intermediarios para apoyar en las millones de transferencias que realizará la próxima administración a las personas de escasos recursos.

“Esto exige un sistema de medios de pago electrónicos público, que no cobre una comisión, como hoy se paga, a un pobre cada vez que va a sacar dinero”, expresó.

Cruz Hernández enfatizó que en el marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos para el 2019, los diputados deben tomar en cuenta al sector de ahorro y crédito popular para su fortalecimiento y crecimiento en zonas rurales de alta y muy alta marginación.

“Se debe tener presupuesto clave para el mejor programa de inclusión financiera que ha habido en México, que es el Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales, que bancariza a través de ahorro a comunidades rurales marginadas. Ese programa perdió presupuesto hace dos años”, expresó.

Por su parte, César Zepeda Prado, expresidente de la  Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, señaló que a pesar de que las socaps son la puerta de entrada al sistema financiero, en muchas comunidades rurales existen reglas que impiden ampliar su apoyo en estas regiones, por lo que se debe considerar algún ajuste a su marco normativo.

“Seguirán existiendo áreas de indiscreción donde si no nos permiten , por ejemplo, dar créditos a la vivienda en zonas rurales, pues habrá reglas que nos limiten dar esos créditos”, indicó Zepeda Prado.

Durante su intervención, Guillermo Colín, presidente de la Asociación Mexicana de Sofipo (Amsofipo), destacó el crecimiento que ha tenido el sector de ahorro y crédito popular durante 67 años de vida; sin embargo, enfatizó que este cambio de gobierno es una oportunidad para obligar a la banca de desarrollo a dar más garantías a estos intermediarios para llegar a la población no bancarizada.

“Podemos trabajar con la banca de desarrollo y espero que, con la ayuda de los legisladores, se establezcan esquemas de garantías en los créditos que otorguemos; es decir, debemos tener una regulación que nos dé certeza y confianza en beneficio de nuestros usuarios”, mencionó.

En la actualidad, las entidades del sector de ahorro y crédito popular atienden a 11 millones de personas, concentran una cartera de 110,000 millones de pesos y tienen 3,200 sucursales en todo el país.