Sindicatura de Ficrea busca recuperar bienes por 130 millones de pesos en favor de los afectados

El caso Ficrea continúa. Ahora, las partes que llevan el concurso mercantil de esta empresa, que funcionó como sociedad financiera popular (sofipo), han aprobado contratar al despacho Alanís Figueroa Abogados Asociados para recuperar bienes asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR), que tienen un valor cercano a los 130 millones de pesos.

De acuerdo con un informe del interventor en este proceso Fernando González Santillana, el cobro del despacho será bajo la modalidad de Cuota Litis, es decir, que únicamente faculta al despacho, o tiene derecho al cobro, contra los resultados positivos que se obtengan de su trabajo.

"El (despacho) profesional asumirá y absorberá todos los gastos de operación para la recuperación, lo anterior entre lo más relevante que resolvió la juez (Juez Virginia Gutiérrez Cisneros)", se puede leer en un escrito dirigido a los poco más de 3,600 acreedores de este proceso, los cuales la mayoría son afectados por el presunto fraude del exdueño de dicha sofipo Rafael Olvera Amezcua.

Este convenio es un intento más por la recuperación de bienes para que puedan ser monetizados en beneficio de los acreedores de dicha firma. Desde el 2015 a la fecha, se han dispersado alrededor 1,400 millones de pesos a los afectados, es decir alrededor de 20% del total de la deuda reconocida en este proceso, cercana a los 6,500 millones de pesos.

Según lo informado por el interventor González Santillana, dentro de los bienes que se pelearán para su recuperación, y que están asegurados por la FGR, destacan:

• Muebles
• Inmuebles
• Cuentas bancarias
• Obras de arte

En el contexto del acuerdo, el despacho cobraría 20% sobre lo reconocido y recuperado a favor de la quebrada Ficrea, según el contrato que debe revisarse y aprobarse por la juez Gutiérrez Cisneros.

Si bien, la FGR, desde que era la Procuraduría General de la República, ha sido activa en el aseguramiento de bienes que presuntamente se adquirieron con recursos de Ficrea, así como de sus ahorradores, el caos proviene al momento de trasladarlos al concurso mercantil para su monetización.

Especializado

De acuerdo con el documento donde la juez da el aval para la firma de contrato entre la sindicatura, encabezada por Miguel Escamilla Villa, y el despacho Alanís Figueroa Abogados Asociados, este último cuenta con el perfil idóneo para llevar a cabo la recuperación de estos bienes.

"Dicho despacho en su sede en los Estados Unidos de Norteamérica, concretó la recuperación de diversos bienes en ese país, los cuales fueron incorporados a la masa concursal y con base en ello, se han podido seguir realizando pagos a los acreedores reconocidos en el concurso mercantil en que se actúa", se puede leer en el documento en poder de este medio, fechado el pasado 18 de abril.

El documento especifica que la labor de dicho despacho se enfocará en recuperar bienes que han sido objeto de aseguramiento por parte de la autoridad ministerial.

En el contexto de dicho aval, el interventor Javier Paz junto con el abogado Jesús Ángel Guerra Méndez, socio del despacho Guerra González y el cual fue el que solicitó el concurso mercantil de esta firma, manifestaron su inconformidad por dicho acuerdo, debido a que el síndico no ofertó públicamente ese servicio y así, reducir el porcentaje de la comisión prevista para la firma Alanís Figueroa Abogados Asociados, que en un inicio se preveía fuera de 30 por ciento.

Sin embargo, los interventores González Santillana y Verónica Meléndez Valdez, funcionaria de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, manifestaron su conformidad con el acuerdo, con la limitante que los honorarios que se lleguen a autorizar sean de 20%, y no de 30% solicitado inicialmente.

Con toda la información que solicitó la juez del proceso, se aprobó que se procediera a firmar el contrato entre la sindicatura y el despacho Alanís Figueroa Abogados Asociados.

Este despacho fue uno de los contratados por la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando estuvo al frente Santiago Nieto, con el fin de recuperar bienes del lado mexicano, que presuntamente adquirió con recursos públicos el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.