Agenda 2024-2030: ¿Qué política digital necesita México el próximo sexenio?

La política tecnológica y digital que México necesita para el sexenio 2024-2030 debe dar continuidad a los esfuerzos en conectividad de los años recientes, fomentar la apropiación tecnológica, con estímulos al desarrollo de contenidos y aplicaciones generados por las comunidades, y acompañarse de presupuesto e inversión, coincidieron especialistas consultados por El Economista. 

Debe ser una política transexenal que impulse el consumo ético y el desarrollo sostenible y que genere beneficios sociales y económicos. 

Esta política pública debe regular y promover el desarrollo y el uso de las tecnologías en México, superar los periodos electorales con una planeación de largo plazo y enfocarse en las necesidades de la población.

“Se necesita una política transexenal en la que todos los grupos y fuerzas políticas del país, a partir del consenso, puedan determinar cuáles son aquellas tecnologías que necesitan ser pensadas para el país, como país, es decir, como parte de los intereses nacionales”, dijo Jorge Ordelín Font, académico del CIDE y experto en derecho e inteligencia artificial. 

La recomendación general es que debe tratarse de una política que además de garantizar la inversión de capitales destinados al sector tecnológico en México, también debe ofrecer educación y créditos que motiven el emprendimiento y la creación de nuevas empresas tecnológicas.

¿México tiene política digital?

La política digital que México ha tenido en años recientes destaca por el despliegue de infraestructura de conectividad con el programa Internet para Todos, que administra la empresa pública Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la adquisición de la empresa de telecomunicaciones Altán Redes, de acuerdo con Ricardo Zermeño, director general de la consultoría Select, especializada en tecnologías de la información y la comunicación.

Para Erick Huerta Velázquez, coordinador general de la organización Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad (Redes AC), es necesario dar continuidad a la política de conectividad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en las mediciones que se realizan de la cobertura social de internet y de la asociación público-privada que supuso la adquisición de Altán.

“Es una de las estrategias de crecimiento que ha resultado muy efectiva, que ha dado la posibilidad de la creación de los operadores móviles virtuales que han aumentado la cobertura. Esto en materia de conectividad debería continuar, quizá encontrar puntos de mejora pero asegurar que se le dé sostenibilidad a esta red”, dijo Huerta, que entre otros proyectos acompaña el despliegue de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias AC, una asociación que ofrece servicios de telecomunicaciones a comunidades indígenas en Oaxaca y Puebla.

Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre 2021 y 2022 las líneas administradas por operadores móviles virtuales casi se triplicaron hasta los 10.5 millones de líneas, hasta alcanzar una participación de mercado de 7.74%. En el servicio de internet móvil, los operadores virtuales tienen 8.6% de participación.

Altán es el mayor proveedor de servicios de telecomunicaciones para esos operadores, lo que motivó al Gobierno federal a rescatar a la compañía en 2022, que se encontraba en riesgo de quiebra. Altán tiene registrados 119 operadores móviles virtuales en su red. Uno de ellos es Bait, un servicio móvil operado por Walmart de México, con una participación de mercado de 53%.

Los especialistas consultados destacan entre los logros de política digital y tecnológica el mantenimiento de un órgano autónomo del Estado como lo es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los indicios de una política industrial que promueve la relocalización de centros de manufactura en México (nearshoring) y los esfuerzos de algunas entidades de la República por modernizar sus gobiernos, el caso de Querétaro, Yucatán, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sin embargo, se encuentra entre los organismos que deben desaparecer y cuyas funciones deben incorporarse en una secretaría de Estado, de acuerdo con la iniciativa de reforma constitucional presentada por López Obrador el 5 de febrero de 2024.

Telecomunicaciones

La continuidad en materia del desarrollo de infraestructura de conectividad pasa por impulsar el desarrollo de los operadores móviles virtuales y la búsqueda de opciones de conexión a telecomunicaciones, como la satelital, que también ha dado de qué hablar en meses recientes por los contratos firmados entre el Gobierno federal y Starlink, una empresa del empresario estadounidense Elon Musk.

Huerta Velázquez, de Redes AC, hace referencia al desarrollo de contenidos de video y podcast o de aplicaciones específicas orientadas a labores como la agricultura o a la administración de ciertas prácticas e industrias que hoy no son atendidas por los grandes productores de software.

Educación

La política tecnológica habilitada en el próximo sexenio deberá a su vez centrar su atención en la educación. Para Jorge Ordelín, del CIDE, es necesario un mejoramiento del sistema educativo para que incorpore el interés por las nuevas tecnologías, las habilidades digitales, tanto en la población en general como entre los profesionistas.

Algo similar piensa Ricardo Zermeño, de Select, quien propone la alineación de la educación profesional a las necesidades de las empresas. 

Créditos e inversión

Tanto Zermeño como Ordelín hablan a su vez de una política que contemple la entrega de créditos a la pequeña y mediana empresa para fomentar la innovación. Estos créditos deben ser de bajo costo y de largo plazo, opina el director de Select, con el fin de estimular a los empresarios a hacer ingeniería inversa y para que las plataformas exportadoras expandan su operación hacia otros mercados.

En el caso del estado de Jalisco, se han desarrollado políticas públicas más internas que impactan principalmente a las dependencias gubernamentales en procesos como las compras y contrataciones, algo a lo que se conoce como política TIC, de acuerdo con Ulises Moya Sánchez, director de Inteligencia Artificial de la Jefatura de Gabinete del Gobierno de Jalisco. 

“Ahora estamos viendo si podemos lanzar una política sobre inteligencia artificial pero al interior del gobierno”, dijo Moya en entrevista.

No obstante, para el funcionario público, una política pública en materia de tecnología e innovación debe tener un componente social, es decir, debe contar con la opinión de varios actores. También sugirió que esté alineada con el plan de gobierno, es decir, que sea de carácter transexenal y que se pueda medir su impacto según los objetivos que se establezcan.

Consumo energético 

Un aspecto importante que debe considerar la política tecnológica y digital en el futuro próximo es la reflexión sobre el consumo no sólo de productos, sino de bienes y servicios digitales, en opinión de Edna Castro Rosales, coordinadora de un posgrado en educación ambiental de la Universidad de Guadalajara.

La razón de este matiz es la huella ecológica que se alimenta con el consumo intensivo de productos digitales en aparatos electrónicos conectados a internet. El costo energético de esta práctica pasa inadvertido para la mayoría de la población y por eso debe atenderse a partir de una política pública. 

“Tenemos una cultura cuya plataforma tecnológica es la electricidad, una forma de energía muy sofisticada en relación con las culturas anteriores y muy demandante de recursos naturales, pues está basada en un paradigma que no tiene límites”, dijo Castro.

La política tecnológica y digital de la administración de López Obrador ha estado enfocada en aumentar la infraestructura de conectividad. Los especialistas coinciden en que una política tecnológica para el periodo 2024-2030 debe dar continuidad a este esfuerzo que cierra la brecha digital, pero también debe fomentar la creación de contenido y aplicaciones locales, la educación digital, el crédito y la inversión en la industria tecnológica. Y, sobre todo, debe considerar el consumo energético responsable.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx