Necesaria, mesa para desregulación de taxistas

Además de los debates y propuestas para la creación de un marco regulatorio para plataformas como Uber y Cabify, es necesario realizar mesas de trabajo específicas para la desregulación del gremio taxista y mejorar sus condiciones competitivas, aseguró en una entrevista telefónica la legisladora local Laura Ballesteros.

"Hoy, lo que llama a los actores a discutir en el debate es justo la regulación de sistemas como Uber y Cabify. Sin duda, y he sido muy puntual con esto, el tema de la problemática del taxi tiene que ser resuelto en otra mesa y de manera permanente. No podemos cometer el error de ligar ambos temas porque no nos va a permitir avanzar en uno o en otro y la regulación es un tema que tiene que avanzar pero qué está pasando con el servicio del taxi", dijo la legisladora, miembro de la Comisión de Movilidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

"La problemática que tienen esos conductores tiene que ser atacada en una mesa de trabajo con la Secretaría de Movilidad (Semovi). He venido pidiendo desde hace siete meses, desde la Asamblea Legislativa; teníamos ya el compromiso del Secretario de conformarla con compromiso que le dio la Presidenta de la Comisión de la Asamblea y no sucedió. Es ahí donde tenemos que estar presentado las propuestas", agregó Ballesteros.

Frente a las protestas del gremio taxista porque aseguran que tanto Uber como Cabify operan de manera ilegal en la ciudad de México pues consideran que ofrecen servicio de transporte público, la legisladora local independiente insistió en que catalogarlos como empresas de transporte público es "poner camisa de once varas" a la innovación.

Aunque reconoció que es necesario "poner en una mesa" todos los trámites que el taxista debe cumplir y cuestionar si éstos ayudan al desarrollo del servicio o, por el contrario, crean barreras y fomentan la corrupción.

"Hay que generar un piso parejo para los distintos tipos de transporte. Ambos prestan un servicio de transporte, tanto el taxi convencional como Uber, sin embargo son modalidades distintas. Uber no puede ser clasificado, y eso es parte del avance de los debates, como un servicio de transporte público", dijo.

Este lunes, la legisladora presentó una propuesta para regular a Uber y Cabify en la plataforma dispuesta por el Laboratorio para la Ciudad con el fin de recabar opiniones y comentarios ciudadanos al debate digital y las mesas de trabajo sobre movilidad celebradas la semana pasada.

En ella señala que es necesario regular en el Reglamento a la Ley de Movilidad a las Empresas Red de Transporte Basadas en Aplicaciones Móviles (ERT) para garantizar las condiciones de seguridad, competencia y certeza a los servicios prestados mediante las plataformas Uber y Cabify.

"En esta modalidad, requieren corresponsabilidad no solamente con la ciudad sino con el propio entorno y con el propio usuario. No podemos dejarlos desamparados sólo porque es un transporte privado. Precisamente se establecen términos de corresponsabilidad es que se están generando ciertas reglas que estarán marcadas en el reglamento de qué manera van a participar con la ciudad por prestar o dar este servicio privado de transporte", explicó. Ballesteros.

"Una de las ventajas que el usuario encuentra en servicios como Uber no sólo es la calidad en el servicio sino la seguridad, y esos estándares tendrán que ser observados pues no es un pretexto su regulación para bajar esos estándares y tiene que ser lo primero que se tiene que observar", añadió.

La legisladora también reconoce que el incluirlos bajo un esquema de regulación y fiscalización tendrá beneficios para las arcas del gobierno, como la propuesta de tasar un 2% los beneficios de Uber y Cabify para destinarlos a un Fondo de Movilidad y Seguridad.

Debate, a nivel federal

Laura Ballesteros consideró que, eventualmente, la operación de este tipo de plataformas como Uber y Cabify tendrá que discutirse a nivel federal para casos como su operación en espacios como aeropuertos, incluyendo el de la Ciudad de México (AICM), que están bajo jurisdicción federal.

"Sin duda hoy se tienen que ajustar a la regulación y después se tendrá que atender tambiém el resto de las polémicas que existen, especialmente con lo que se refiere al servicio del aeropuerto", comentó.

Bajo la reglamentación actual, las unidades de Uber y Cabify necesitarían permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para recoger pasaje, adicionales a los del mismo aeropuerto y autoridades locales.

"Habrá que atender a una regulación federal. Hay un servicio de taxistas ejecutivos que tiene problema y una polémica con el resto de los taxis y ahí se tendrá que avanzar pero paso a paso", consideró.

La propuesta de Laura Ballesteros

En el documento presentado por Ballesteros, del cual El Economista tiene una copia, la legisladora asegura que las plataformas como Uber y Cabify

"no están adecuadamente regulados, por lo que es necesario crear reglamentos flexibles para que sus servicios puedan continuar y mejorar, sin imponer límites a la innovación".

En su propuesta figura:

1. Reconocer a las ERT como parte de los Servicios Privados de Transporte actualmente considerados en la Ley de Movilidad.
2. Tipificar en el reglamento a las ERT como toda aquella compañía que, mediante el uso de plataformas digitales, enlaza a pasajeros con unidades y conductores. Estas unidades no son propiedad de la empresa, ni los conductores son sus empleados, ni tampoco es considerada como una sociedad de taxis ni propietaria de vehículos para renta.
   El reconocimiento de las ERT con esta figura permitirá mantener las características que más benefician al consumidor, como son:

• Evitar barreras a la entrada.
• Crear incentivos para el mantenimiento de la calidad de la unidad al evitar esquemas innecesarios como la revista vehicular y la cromática.
• Mantener un esquema de corresponsabilidad entre empresa y proveedores.
• Facilitar la provisión de un servicio temporal al sustituir el pago de concesiones de temporalidad fija. Las empresas ERT consideran la flexibilidad con la que operan muchos de los proveedores.
• Otorgar a los proveedores la capacidad de trabajar para las ERT que considere conveniente, sin limitar así su oferta y alentando una competencia en calidad del servicio que beneficia a los consumidores.
• Contar con mecanismos de coordinación para validar a los conductores.
• Garantizar ante la autoridad correspondiente que todas las unidades operan con seguros de cobertura amplia y que serán respetadas en todo momento.

Reconocer la nueva figura de ERT también permitirá incluir mejoras importantes como:

• Facilitar la fiscalización. Los ingresos que obtenga el Gobierno del Distrito Federal por este concepto deberán ser canalizados al Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial.
• Solicitar el registro y pago correspondiente de las ERT por el servicio de gestión que realiza y debido a que emplea la vía pública.
• Registrar a los proveedores del servicio de transporte que operan a través de las plataformas de ERT.
• Pago de permisos correspondientes de los proveedores por el servicio de transporte que ofrecen.

3. Las tarifas podrán ser fijadas por las ERT y no estar atadas a las tarifas que fije la autoridad para servicios de taxi, pero sus esquemas tarifarios deberán ser presentados ante la Secretaría de Movilidad y publicados para poder ser consultadas por los usuarios antes de contratar el servicio.
4. Los costos de cada concepto necesario para la prestación del servicio deben reconocer la particularidad del servicio y su flexibilidad, por lo que no sería adecuado fijar esquemas que hagan un cálculo comparativo con los taxis para tratar de emular los costos.

julio.sanchez@eleconomista.mx

mfh