Lectura 2:00 min
Detienen a funcionarios por filtrar información de la PGR
El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada informó que los detenidos, de los cuales tres pertenecen a su institución, favorecían al Cártel de Sinaloa.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), deslindó de cualquier responsabilidad criminal a la procuradora de Justicia, Marisela Morales Ibáñez, luego que se descubriera que el exfuncionario Manuel Arroyo Hernández vendía información de inteligencia a Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los capos del Cártel del Pacífico, presumiendo estrecha cercanía con la Procuradora.
José Cuitláhuac Salinas, responsable de la fiscalía anticrimen, expuso en conferencia que proveía reportes de acciones contra integrantes del cártel de El Chapo, Ismael El Mayo Zambada y Juan José Esparragoza Moreno El Azul.
Según el funcionario federal, Arroyo Hernández, excoordinador Técnico de la otrora SIEDO -hoy SEIDO- y antes excoordinador de Combate al Terrorismo de la Policía Federal, junto con otros seis funcionarios y exfuncionarios, formaba la red de informantes pagados por El Chapo Guzmán.
Los mencionados se encuentran detenidos y sujetos a proceso penal por la venta de información reservada y no solo se logró corromper a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), sino de otras instituciones; de estas últimas, no realizó precisión alguna sobre cargo o corporación.
Empero, fue enfático en el caso de Arroyo Hernández, quien se vendía ante los grupos delictivos como una persona muy cercana a Marisela Morales, para ganarse su confianza y así poder cotizar mejor sus servicios de informar sobre averiguaciones previas, órdenes de cateo u operativos que se realizarían en contra de los integrantes del Cártel del Pacífico.
Por último, en relación con la detención en Estados Unidos de la hija de El Chapo Guzmán, Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, el responsable de la SEIDO, enfático, destacó que en México no existe ninguna orden o señalamiento criminal en contra de ella, por tanto, será un caso que se tendrá que definir en el vecino país.
Marisela Morales Ibáñez, procuradora general de la República, presumió ayer durante la inauguración de los trabajos de remodelación del Centro de Evaluación y Control de Confianza que 78.76% de 20,464 elementos de esa institución ha sido evaluado y cumplió con lo establecido para definirlos como elementos confiables, como está expuesto en la reforma de justicia penal; sólo quedan 1,448 por certificar.
rtorres@eleconomista.com.mx