En manos de PGR y no de Hacienda, combate al lavado de dinero

Dos puntos de coincidencia han encontrado senadores del PRI, PAN y PRD para aprobar la ley antilavado de dinero.

La primera es que sea la PGR, y no la Secretaría de Hacienda, quien tutele las acciones de combate a ese delito.

La segunda es que no se afecten a los intermediarios en las operaciones de compra venta de bienes muebles e inmuebles. La Procuraduría también sería la encargada de operar el esquema de policía financiera que plantea en su iniciativa el presidente Felipe Calderón.

a iniciativa presidencial contempla -sin llamarlo así- un esquema de policía financiera donde los cuerpos de seguridad puedan infiltrarse en las organizaciones criminales, e incluso, con capacidad para operar como los propios delincuentes.

El propósito: poner a disposición de la autoridad judicial información, documentos, registros, grabaciones, imágenes y todo medio de prueba para confiscar bienes económicos y materiales a los delincuentes.

El Ejecutivo federal asegura que esas técnicas se sujetan a lo sugerido por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Se facultaría a la PGR a autorizar a agentes de la Policía Federal, para "actuar bajo identidad supuesta infiltrándose en la organización delictiva". Y estarían facultados para "identificar y, en su caso, detener, con el empleo de los avances tecnológicos necesarios, a las personas u organizaciones involucradas en su comisión". Los agentes infiltrados deberán desenvolverse jurídica y socialmente bajo tal identidad, es decir, con comportamientos, acciones y actitudes de delincuentes.

En ese marco, en entrevista, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Alejandro González Alcocer (PAN), dijo que existe coincidencia entre los grupos parlamentarios del PRI, Acción Nacional y PRD para que no sea la Secretaría de Hacienda, sino la PGR, quien tutele las acciones de combate al delito, pues admitió que de llevarse a cabo en la SHCP, se convertirían en acciones prácticamente de recaudación a través de las multas que se prevén para funcionarios y sujetos obligados que no reporten a la autoridad las operaciones sospechosas.

González Alcocer confió en que la ley antilavado de dinero sea aprobada en el Senado antes del 15 de diciembre.

jmonroy@eleconomista.com.mx