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Ministro presidente de la SCJN ofrece imparcialidad a los 31 investigadores investigados por la FGR
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación el grupo de 31 académicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue recibido por el ministro presidente Arturo Zaldívar a solicitud de ellos.
Foto EE: Especial
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, recibió este miércoles a un grupo de los 31 investigadores de Conacyt que fueron denunciados por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada, lavado de dinero y cohecho, y contra quienes promovió -dos veces- órdenes de aprehensión en su contra.
De acuerdo con la SCJN, el grupo de 31 académicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue recibido por Zaldívar a solicitud de ellos.
“A solicitud de los interesados, el ministro presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, recibió en sus oficinas a un grupo representativo de los académicos exfuncionarios del Conacyt y exintegrantes del l Foro Consultivo Científico y Tecnológico- denunciados por uso indebido de recursos públicos”, expuso la Corte.
Indicó que durante el encuentro, el ministro Zaldívar “escuchó con respeto y atención las inquietudes y peticiones de los científicos y académicos, a quienes reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber”.
Hace siete días, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que armará un nuevo expediente para solicitar a un juez -por tercera ocasión- orden de aprehensión en contra 31 científicos a quienes acusa de haber desviado recursos, no obstante de que dichos montos fueron autorizados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) como lo determinó un juez que negó las órdenes de aprehensión.
El 22 de septiembre, un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la FGR órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a raíz de una denuncia que presentó ante la FGR la titular del Consejo, María Elena Álvarez-Buylla.
Ante esa negativa, la Fiscalía dijo que el Ministerio Público de la Federación no coincide con los argumentos expuestos por el juez, “y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”.
“Por lo anterior, se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”, afirmó la FGR que encabeza Alejandro Gertz Manero.
El juez federal del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, Estado de México, señaló en su negativa que la empresa privada que se creó (Foro Consultivo Científico y Tecnológico), y a la cual se incorporaron los 31 investigadores para recibir recursos federales destinados a la investigación científica, no es un hecho delictivo en razón de que el Foro fue autorizado por el Conacyt.
A juicio de la Fiscalía General de la República ese criterio no es aceptable, “ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria”.
La FGR dijo que intentará con un nuevo expediente la judicialización del caso, y llevará a cabo todos los recursos procedentes que tenga para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial.
kg
