Que se abran los documentos, son de interés público: AGN

Las trabas para la consulta de archivos históricos de carácter político y social, que acusaron historiadores, son conforme a la nueva Ley General de Archivos (LGA) aprobada en junio del 2019, así como el tratamiento archivístico que pusieron en práctica en el Archivo General de la Nación (AGN), aseguró en entrevista el director de Asuntos Jurídicos y titular de la Unidad de Transparencia, Marco Palafox Schmid.

Sin embargo, dijo, espera una respuesta favorable para que se regrese a la consulta íntegra de esta información que se generó desde 1926 hasta 1985, según un acuerdo que solicitó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el 16 de enero pasado.

Lo anterior se funda en el artículo 38 de la misma ley en el que se le otorga al INAI la facultad de permitir el acceso a esta información por ser de interés público, mayor a cualquier invasión a la privacidad.

Más de 200 profesionales de la investigación documental en México expusieron, mediante un pronunciamiento, la retracción de derechos ganados en la consulta de los fondos documentales de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), instancias que ejercieron el control y la vigilancia política en México durante la denominada Guerra Sucia (1964-1982).

Estos fondos, que están bajo el resguardo del AGN en el depósito 2 desde 1982 para la DGIPS, y en el depósito 1 desde el año 2002 para el caso de la DFS, con temperaturas óptimas para su conservación, contienen pruebas de acciones operativas de las instituciones públicas ante fenómenos y movimientos sociales destacados, como el estudiantil de 1968, así como de posibles violaciones graves a los derechos humanos.

Por medio de informes, fotografías y otros documentos, agentes del gobierno daban seguimiento a congresos estudiantiles, movimientos sociales, “reuniones de conspiración”, investigación de políticos, empresarios, figuras contrarias al régimen y hasta viajes regulares a países como Cuba.

Una ley abierta a interpretaciones

Debido a la inconformidad de quienes se sirven de estas investigaciones para su estudio y reconstrucción de la historia, que notaron los cambios de la libre consulta pasando a solicitar los documentos por Infomex, Marco Palafox explicó que los procedimientos a los que se sometieron estos fondos corresponden a la sugerencia archivística del artículo Décimo Quinto Transitorio de la LGA y del segundo párrafo del artículo 36.

El primero manda que los archivos que se hicieron históricos antes de entrar en vigor la nueva legislación “deberán ser ordenados, descritos y clasificados, con el objetivo de identificar el contenido y carácter de la información”, pero estos trabajos de reconocimiento comenzaron desde la entrada del nuevo equipo el mes de enero del 2019, a decir del funcionario.

Palafox también asegura que se llevan a cabo reuniones para conjuntar los dos fondos documentales en uno solo, debido a la similitud de la información que contienen, por lo que decidieron darle el mismo trato de protección de datos personales, aunque el Décimo Quinto Transitorio ya no menciona que se deban testar los datos personales a los archivos considerados históricos.

No así en el artículo 36, que menciona en su segundo párrafo que “cuando sean documentos históricos y tengan datos personales sensibles no van a entrar a un archivo histórico, se quedarán en uno de concentración 70 años. Nosotros vemos en este segundo párrafo que el legislador (el Poder Legislativo) tiene la voluntad de que se protejan los datos personales sensibles y desde que entra en vigor la norma no pasan a históricos, se quedan en concentración”, en donde sí se testa la información (se ocultan  al lector los datos personales), comentó Marco Palafox.

“Nosotros quisiéramos ya identificar todo este conjunto de archivos como el Fondo Documental DFS/DGIPS, no hablar de fondos sino de uno solo. Detectamos que como la información tiene exactamente la misma naturaleza, la vamos a hacer una determinación archivística para dar orden a todo el universo que tenemos”, comentó.

“Lo que nosotros hicimos el 6 de enero (fecha en que se restringió el acceso público a los archivos) es que a la misma documentación se le tratara de la misma forma, que no hubiera un trato diferenciado, porque en el depósito 1 estábamos protegiendo datos sensibles con un procedimiento, y a la (documentación) del depósito 2, con la misma información de carácter sensible, no la estábamos protegiendo; lo que hicimos fue regularizar el procedimiento para proteger datos personales”, comentó el director jurídico.

AGN, por abrir los fondos

“Eso no significa que nosotros tengamos interés en continuar con este esquema, para nuestro punto de vista esta documentación es histórica y también es de interés público, es lo que estamos pidiendo al INAI, porque estamos hablando de persecuciones a derechos humanos, insumos para encontrar a personas desaparecidas, porque las personas tienen derecho a conocer su historia nacional. En nuestra solicitud explicamos las causas por las que debería liberarse de esta carga de proteger los datos personales esta documentación. El beneficio es mayor al perjuicio”, expresó.

Darán información en versiones públicas

Palafox refirió que la consulta en cajas como se acostumbraba buscar en el AGN “ya no es una opción”. Independiente de la resolución del INAI, se tendrá mayor control del número de páginas de los legajos y en algunos casos se elaborarán versiones públicas de los temas o personajes que se encuentran en distintos apartados, haciendo expedientes cuya lista se publicará en la página del AGN.

“Todo este nuevo procedimiento fue cuando se emitió la versión pública de López Obrador que fue el 8 marzo, cuando el Comité de Transparencia toma este nuevo criterio”. Palafox también confirmó que las versiones públicas tendrán un costo de 50 centavos por copia simple.

Agregó que las mesas técnicas que se realizarán con historiadores y otros académicos servirán como quorum para dar más razones a que proceda liberar esa información, no descartó que de ser negativa la respuesta del INAI la comunidad científica podría promover un amparo por interés legítimo de conocer la información de dichos fondos.

katia.nolasco@eleconomista.mx