Recorte al FICG se traducirá en menos fuerza laboral

“La cultura es lo que va a ayudar a que salgamos de esta situación de violencia, de inseguridad, de falta de motivación, de apatía de los jóvenes. La cultura y, aquí, en lo particular, el cine. Y puedo entender que hay personas que no lo vean como yo, pero jamás he deseado que se le extinga la carrera a nadie, jamás he deseado que alguien deje de ser abogado o contador o deje de trabajar. Pero todo el tiempo es lo que siento con relación al trabajo de quienes somos defensores de la cultura”,

Estrella Araiza, directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Los efectos adversos de la disputa política entre la administración de la Universidad de Guadalajara (UDG) y el Gobierno de Jalisco alcanzaron al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), uno de los grandes aparadores de la cinematografía nacional.

El pasado 22 de noviembre, como parte del paquete económico para 2023, el Legislativo local, en un revire, aprobó la deducción del 70% de los recursos estatales destinados al encuentro cinematográfico para redireccionarlos a la Dirección de Filmaciones del Estado de Jalisco.

En entrevista con este diario, Estrella Araiza, directora del FICG, traduce en cifras el porcentaje reducido.

“El 31 de agosto de este año, nosotros tuvimos una reunión de consejo directivo en donde se aprobó el presupuesto para la edición 38 (la del próximo año). En ese consejo directivo, del que forma parte el gobierno del estado, se aprobó por votación unánime que podíamos captar 39 millones entre aportaciones, recursos propios y patrocinios y tendríamos que gastar la misma cantidad. El gobierno estatal votó a favor de este presupuesto, pero recién se echaron para atrás y ahora vamos a tener egresos de 39 millones e ingresos de 34 millones”, explica.

Lo anterior quiere decir que el recorte del estado hacia el festival finalmente será de cinco millones, lo que se traducirá en recortes para el festival.

“No hay manera de revertir”

“Un recorte en este momento significa menos fuerza laboral. Va a significar un recorte en invitados, recorte en películas y posiblemente recorte en secciones competitivas del festival, que es exactamente todo lo que nos gustaría evitar. Y creo que no hay manera de revertir la situación. Nosotros quisiéramos enfocar nuestra energía, nuestras fuerzas, para poder hacer la mejor versión del festival que podamos hacer”.

El gasto más grande que año con año hace el festival, indica la directora, es en la parte de nóminas, en particular con las personas que trabajan de manera temporal en el encuentro.

Y reflexiona: “el quitar espacios culturales de estas administraciones, y me refiero a la administración federal y a la administración estatal, lo hacen de una manera tan sencilla y lo hacen sin prever cuáles van a ser los perjuicios para la comunidad, para los jóvenes, los espacios que son altamente especializados y que nosotros tememos que no se podrían replicar. Es decir, un encuentro de coproducción como el que nosotros impulsamos no se tiene en otros lados. Me gustaría entender cuál es la motivación detrás de esto, pero hasta ahora no la entiendo”.

—¿Es viable adoptar nuevos modelos de financiamiento?

—“En estos últimos días me han preguntado por qué no busco a la iniciativa privada”, comparte Araiza. “Fue lo primero que dijo AMLO cuando entró. Dijo ‘vamos a cortar las cosas porque la iniciativa privada tiene que financiar más cosas’. Pero acercarse a un modelo como el que se tiene en Estados Unidos, que es el único país en donde el sistema funciona así, pero la diferencia con México es sustancial, es decir: en Estados Unidos un festival se puede financiar específicamente de las ventas en taquilla. Pero si yo cambiara el costo del boleto que tengo de 45 pesos, o 30 para estudiantes, a 400 pesos, que es lo que cuesta un boleto promedio de un festival de cine en EU, inmediatamente le quitaría el acceso del festival a más del 90% de las personas.

“Si yo le quito el acceso del festival al 90% de las personas, estoy garantizando que no haya nuevos cineastas, que no haya nuevas generaciones que se inspiren para escribir. Esa es una de las diferencias de cómo se maneja en otros lados y de cómo lo tenemos que manejar en México. Nosotros tenemos que seguir lo más cercano el ejemplo de la gratuidad. Para mí es más importante que más personas tengan acceso a todas las películas y a las clases magistrales que el hecho de que yo pueda financiar la nómina cobrando los boletos. Así no es como debería de estar supeditado”, detalla la directora del encuentro.

Argumenta que, efectivamente, el festival se acerca y busca alternativas con la iniciativa privada. Tanto es así que cada año participan al menos 100 diferentes empresas, ya sea como patrocinadoras o como aliadas, pero “la responsabilidad de la cultura como derecho recae en el gobierno”.

¿Y qué hay del Profest?

A propósito, sobre los recursos provenientes del gobierno federal, que también se han reducido desde la implementación del nuevo sistema de funcionamiento del Programa de Apoyo a Festivales (Profest), Estrella Araiza comenta:

“Profest se inventó para poder salir del paso, para decir que nos dan algo, pero lo entiendo como una simulación, es decir, no se acerca para nada a los presupuestos federales que deberíamos de tener para un festival como el que tenemos, con ese número de películas y número de invitados”.

Comparte que el apoyo a lo que el FICG pudo acceder a través del Profest para la edición de este año fue de un estimado de 1.2 millones de pesos “que no nos resolvió muchas cosas, por ejemplo, con relación a invitados, porque no se pueden pagar vuelos ni hospedajes”. Opina que los candados para el uso de los recursos federales “tienen que ver con falta de conocimiento”.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx

kg