México 68, la coronación de una estrategia de desarrollo

México 68 fueron los primeros Juegos que llegaron a un país en vías de desarrollo y los primeros que se  celebraron en América Latina y en una época en la que la neutralidad y diplomacia mexicana —en tiempos de la Guerra Fría—, ayudó a obtener la sede.

También eran los tiempos del desarrollo estabilizador, el modelo económico que durante 15 años alcanzó un crecimiento promedio de 6.8% anual del Producto Interno Bruto para el país, la producción industrial creció 8% y la inflación solamente fue 2.5 por ciento.

“Los Juegos fueron la coronación de una estrategia de desarrollo que se había comenzado a implantar en México a mediados de los años 50”, dice Rolando Cordera, economista que ha realizado estudios sobre las finanzas de los estados.

El historiador Ariel Rodríguez Kuri señala dos factores que ayudaron a que México obtuviera la sede de las Mgnas Justas: la primera tenía que ver con que el año de la designación del organizador del evento, 1963, en pleno enfrentamiento entre los dos bloques dominantes (EU y la URSS), México representaba “cierta autonomía respecto a los gra poderes políticos y nucleares”.

Además, la mejor carta de la candidatura mexicana era la de organizar unos juegos de bajo costo, que contrastaba con las cifras de Tokio 64, 60% más costosos que los Juegos de México. Desde 1972, en cada edición, los Juegos Olímpicos aumentaron en promedio 30% su presupuesto original. México 68 fue un ejemplo de organización y ahorro.

Durante el Tercer Informe de Gobierno del Presidente Gustavo Díaz Ordaz, correspondiente a 1967, destacó la importancia de que los recintos deportivos “tengan una utilidad social permanente y no sirvan exclusivamente de motivo de lucimiento para nuestra capital unos cuantos días”.

La estructura financiera de los Juegos de México 68 fue en su momento innovadora, eficiente y con beneficios a largo plazo.

“El milagro económico de los años 60 debía ser reconocido en todo el mundo y una de esas medidas era la realización de los Juegos Olímpicos”, reconoce Cordera.

El investigador señala que aunque el propio Díaz Ordaz no estaba contento con la tarea que había conseguido el gobierno anterior, “entre otras cosas por lo que implicaba al gasto público”, las finanzas públicas no se desequilibraron, “se pudo solventar el gasto, quizá sacrificando algunos otros programas. La crítica no era muy intensa, lo que había era una celebración”, agrega.

Del gasto, 30% se fue a la construcción o remodelación de instalaciones deportivas, unos 53.6 millones de dólares; 9.3% (16.5 millones) a obras urbanas y 43% (76.8 millones) en gastos del Comité Organizador, según consta en el Official Report of the Organizing Committee of the Games of the XIX Olympiad.

Desde el primer momento, la candidatura de México comenzó un proyecto para aprovechar la infraestructura ya existente, como el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria; el estadio Azteca, el Auditorio Nacional, la Arena México y el Teatro de los Insurgentes, modificados o remodelados para recibir las competencias.

También se determinó que las nuevas instalaciones se construyeran a partir de 1966, dos años antes de la inauguración, para evitar inversiones anticipadas para el mantenimiento de las instalaciones.

El Comité Organizador gastó 76.8 millones de dólares en la operación de los Juegos, ahí se incluían rubros como las comidas a los atletas, un gasto promedio de 2.3 dólares por cada deportista; transporte, logística, hospedaje, entre otros. El gobierno erogó en subsidios 56.8 millones de dólares, mientras que por los ingresos de venta boletos, derechos de televisión, regalías, y productos oficiales recibieron 20 millones de dólares más.

“No se le puede atribuir la crisis al gasto en los Juegos Olímpicos, porque arrastrábamos algo que todavía padecemos, que son finanzas públicas débiles, porque no se cobran los impuestos que deben cobrarse”, dice Cordera, sobre los efectos económicos de los Juegos.

Contrario a la creencia popular sobre la tenencia vehicular y su creación para el financiamiento de México 68, el impuesto se estipuló en la Ley General de Ingresos de 1962, con un carácter anual y permanente, que contribuía al gasto público del país, de manera específica a la “expansión de carreteras, autopistas, vías de comunicación”, indica el documento.

Fue un año después, en 1963, y con la designación de la Ciudad de México para organizar la justa veraniega, que se comenzó a delimitar el plan financiero del Comité Organizador, aunque nunca se especifica que los recursos obtenidos por el impuesto estaban destinados a la organización del evento deportivo. Cordera indica que una de las problemáticas del país en aquella época era la baja recaudación fiscal, situación que aún se resiente.