¿Riesgo o beneficio? La reforma al Infonavit que cambiará el acceso a la vivienda en México

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) está por entrar en una nueva etapa, luego de que el Congreso de la Unión avale los cambios a su ley, lo que le permitirá al organismo ampliar sus facultades hacia la construcción habitacional y poder edificar 500,000 nuevos hogares para los próximos seis años.

Se prevé que este jueves 13 de enero, el Pleno del Senado avale los cambios definitivos, luego de un proceso legislativo que no estuvo exento de polémica, ya que si bien, se prevé beneficiar a los derechohabientes del Infonavit, también han surgido señalamientos respecto al manejo de los recursos que conforman el patrimonio del organismo y que provienen de las aportaciones que sus afiliados realizan.

“Resulta imperante dotar al Infonavit con facultades en materia de construcción para fortalecer la oferta de vivienda en beneficio de las personas trabajadoras, además de que permitirá reactivar la economía y, a su vez, crear más empleos, generando un efecto multiplicador del bienestar para la población mexicana”, se puede leer en el dictamen en poder del legislativo.

Esta reforma a la Ley del Infonavit significará un cambio en la vida del organismo que nació en 1972, donde se ampliará el portafolio de opciones hacia sus derechohabientes, pero que también significa modificaciones a la vida interna del instituto.

Amplía su portafolio

Actualmente, la actividad del Infonavit se centra en el otorgamiento de crédito para la vivienda, ya sea para su adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento; pago de pasivos contraídos con otras entidades y la adquisición en propiedad de suelo para la edificación.

Sin embargo, una vez que se aprueben las modificaciones a su ley, el organismo tendrá la facultad de construir viviendas y para ello, se creará una empresa filial conforme a la legislación mercantil. Los inmuebles construidos serán destinados a ser adquiridos en propiedad por los derechohabientes o podrán ser sujetos de arrendamiento por los trabajadores.

Se prevé que la mensualidad del arrendamiento social no podrá exceder 30% del salario de las personas trabajadoras y se dará preferencia de acceso a los esquemas de alquiler a los derechohabientes que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia.

Además, dentro del programa de apoyo del Infonavit que contempla la ayuda a cerca de 4 millones de créditos que se otorgaron en la modalidad de Veces Salarios Mínimos, con la aprobación de la reforma el organismo estará en condiciones de apoyar a cerca de 2 millones de financiamientos, con el congelamiento de las mensualidades y beneficios adicionales, como la disminución en la tasa de interés y en algunos casos, la reducción al saldo de su deuda.

La reforma especifica que las aportaciones de las personas empleadoras a las subcuentas de vivienda son patrimonio de los trabajadores y en su conjunto conformará el Fondo Nacional de la Vivienda.

Con los cambios, los recursos del Infonavit bajo su administración podrán destinarse a la adquisición de suelo e inmuebles; a la construcción de vivienda que se realice por su empresa filial.

¿Qué hará su empresa filial?

Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta de reforma es la creación de la empresa filial del organismo, la cual deberá estar constituida en los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.

La reforma prevé que el objeto de la empresa filial será la construcción de vivienda y su integración accionaria será mayoritariamente del instituto; su presupuesto se conformará con recursos provenientes del gasto aprobado de administración, operación y vigilancia.

De acuerdo con los legisladores de oposición, si bien la reforma prevé la participación de la Auditoría Superior de la Federación, así como de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la vigilancia del Infonavit, la empresa filial queda exenta de esta vigilancia de estas instancias, lo cual es un riesgo para los recursos de los trabajadores.

A la par de la creación de su empresa filial, la reforma contempla la posibilidad para que el Infonavit celebre convenios con empresas constructoras que participen en la edificación habitacional.

Cambios en su operación

Estos cambios que buscan beneficiar a los derechohabientes del organismo también conllevan modificaciones a la vida operativa del organismo, ya que, la reforma prevé que el director general del Infonavit sea nombrado por titular del poder Ejecutivo y no por la Asamblea General del instituto.

En este escenario, el director general tendrá derecho de veto sobre las resoluciones del Consejo de Administración o de la Comisión de Vigilancia que no se adopten por unanimidad.

Otro cambio fundamental es respecto a los órganos internos del Infonavit, ya que, por ejemplo, la normativa establece que los integrantes de estas áreas no recibirán remuneración alguna por el desempeño de su función.

Así, la Asamblea General, que es la máxima autoridad del organismo, pasará de 45 integrantes a 30, de los cuales 10 serán designados por el Ejecutivo Federal, 10 por la representación laboral y 10 por la patronal. Los integrantes de dicha Asamblea durarán en su cargo seis años y podrán ser removidos libremente por quien los designe.

El Consejo de Administración pasará de 15 a 12 integrantes designados por la Asamblea General. Tanto el Gobierno Federal, como las representaciones laboral y patronal, podrán proponer cuatro integrantes respectivamente, en este órgano.

La Comisión de Vigilancia se integrará por nueve integrantes con representación proporcional tripartita; el Comité de Auditoría se integrará en forma tripartita por un integrante designado por el Gobierno Federal, uno del sector laboral y otro del empresarial y serán designados por el Consejo de Administración.

Asimismo, el Comité de Transparencia se integrará en forma tripartita por un representante por cada sector, los cuales serán designados por la Asamblea General.

Otro punto de la reforma es que la fiscalización del organismo estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda, con apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, supervisará que el Infonavit destine los recursos que integran su patrimonio a la consecución de sus objetivos.