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Allen Stanford, sentenciado a ?110 años de cárcel
"El pequeño Madoff" fue condenado por encabezar un fraude de 7,000 mdd a 30,000 inversionistas con el uso de certificados emitidos por su banco en Antigua.
Allen Stanford, el exmultimillonario tejano declarado culpable de conspiración y fraude por liderar un esquema Ponzi de 7,000 millones de dólares, fue sentenciado ayer a 110 años de prisión por un Juez federal de Estados Unidos.
Stanford, apodado el pequeño Madoff en referencia al neoyorquino condenado a 150 años de prisión por un fraude similar, fue declarado culpable en marzo de haber engañado a unos 30,000 inversionistas de más de 100 países mediante inversiones falsas a través del Banco Stanford International, con sede en la isla antillana de Antigua.
Los investigadores no pudieron recuperar 92% de los 8,000 millones de dólares que el banco dijo que tenía en activos y fondos de reserva.
Una de las víctimas, Angela Shaw, contó a la Corte: Stanford fue peor que Bernard Madoff porque se aprovechó de gente de clase media, como maestros jubilados, veteranos y trabajadores de refinerías .
Al emitir su sentencia, el juez de Distrito, David Hittner, que presidió el juicio de seis semanas a principios de este año, calificó el accionar de Stanford como uno de los fraudes criminales más atroces .
MEXICANOS AFECTADOS
El fraude, descubierto en el 2009, afectó a cientos de inversionistas mexicanos que depositaron sus ahorros en certificados de depósito de Stanford International Bank en Antigua, en la que también cayeron inversionistas de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.
Esta institución no tenía autorización de operar en México; sin embargo, atraía a inversionistas nacionales con la promesa de otorgarles rendimientos superiores a 10 por ciento. En México operaba otra subsidiaria, Stanford Fondos.
Antes de escuchar la sentencia, Stanford negó haber estafado a alguien y culpó al gobierno de Estados Unidos de arruinar su negocio al apoderarse de sus activos. Ellos lo destruyeron y lo convirtieron en nada , dijo.
Los fiscales habían solicitado una sentencia de 230 años, argumentando en los documentos, la atrocidad del fraude.
