Darán veredicto del juicio de Lagarde

Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, conocerá la decisión del tribunal que juzga su presunta negligencia cuando era ministra de Economía de Francia en la concesión de una multimillonaria indemnización al empresario Bernard Tapie.

Aunque todo apunta a que será absuelta, porque la Fiscalía no ha pedido que se le condene y no hay ninguna acusación particular, Lagarde está pendiente del veredicto de tres jueces profesionales y de 12 parlamentarios que componen la Corte de Justicia de la República, un tribunal para juzgar a los ministros por hechos cometidos durante sus mandatos.

De ser culpable, Lagarde sería penada hasta con un año de cárcel sin cumplimiento y 15,000 euros de multa; sin embargo, es posible que los magistrados decidan reconocer su culpabilidad y dispensarle de pena.

En cualquier caso, Lagarde se juega su futuro al frente del FMI, cuyo comité director, compuesto por 24 miembros, espera en Estados Unidos para reunirse nada más conocer la sentencia.

A lo largo de los cinco días que ha durado el juicio que comenzó el pasado lunes Lagarde ha tenido que escuchar varios testimonios que ponían en causa su actuación en el caso Tapie.

La entonces ministra, asesorada por sus colaboradores, accedió en el 2007 a que fuera un arbitraje privado compuesto por tres personas el que decidiera la indemnización que debía pagarse al empresario por la venta de la firma deportiva Adidas por parte del banco Crédit Lyonnais, entonces público, al que había sido adjudicada tras su expropiación.

El que fuera director de la Agencia de Participaciones del Estado, Bruno Bézard, declaró que ya entonces sus servicios advirtieron que dejar esa decisión en manos de tres árbitros privados comportaba riesgos colosales e injustificados .

Lagarde, por su parte, se defendió asegurando que lo ordenó así tras haber analizado los riesgos y valorado las ventajas y los inconvenientes de las diferentes soluciones propuestas.

La entonces ministra quiso acabar con un contencioso iniciado en los años 90 y que estaba siendo muy costoso en minutas de abogados para las arcas del Estado.

Un año más tarde, los árbitros tomaron una decisión que costó al erario público algo más de 400 millones de euros, incluidos 45 millones en concepto de reparación moral para Tapie; posteriormente, la decisión fue anulada por la justicia ordinaria después de que se conociera que uno de los árbitros tenía relación profesional con el abogado de Tapie.