Gobierno enfrenta prueba de fuego en reparto de remanentes del Ramo 23

Luego de aseverar que no se debe satanizar el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, el coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda Hoeflich, afirmó que lo que se necesita son reglas más claras.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas, también conocido como caja negra, tiene el propósito de integrar, registrar, administrar y dar seguimiento al ejercicio de las provisiones de gasto destinadas a la atención de obligaciones y responsabilidades del gobierno federal que, por su naturaleza, no es posible prever en otros ramos administrativos o generales, o cuando su ejercicio sólo es posible por conducto de este ramo.

Durante el ejercicio fiscal, la SHCP, a través de este ramo, realiza las adecuaciones, por motivos de control presupuestario, en el análisis y seguimiento a la ejecución del presupuesto y lo utiliza como instrumento para garantizar el cumplimiento de las políticas de gasto público y de los objetivos y metas para contribuir al equilibrio presupuestario en el marco global de las finanzas públicas.

Lo cierto es que, en el pasado reciente, el Ramo 23 ha sido utilizado por autoridades federales y legisladores para pedir moches a funcionarios estatales y municipales, a fin de que sean beneficiados con partidas adicionales, las cuales se reparten particularmente a finales del ejercicio fiscal, para no caer en subejercicio al final del año.

En ese sentido, el también coordinador de la fracción legislativa de MC en la Cámara de Senadores y presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, detalló que el gobierno federal tiene frente a sí una gran prueba de fuego, que consiste en caer o no en el “manoseo del presupuesto”, tal como ocurría en años anteriores.

Lo que sucede es que, debido al gran subejercicio que hay en este ramo del presupuesto para ejercerse en este año, en los próximos meses deberá de gastarse, y eso abre la posibilidad de que al asignarse ocurran irregularidades como el cobro de moches para beneficiar a estados y municipios.

“Ésta va a ser una prueba de fuego para el gobierno federal, en el sentido de que puede terminar con la discrecionalidad y opacidad con la que se dispone de los recursos público”, reiteró.

Por eso, dijo que, “al término de este año, vamos a tener evidencia empírica de si avanzamos o no (en el sentido de que este gobierno federal no incurrirá en prácticas corruptas a la hora de repartir esa bolsa de dinero), porque hasta ahorita no han sido más que buenas intenciones y declaraciones”.

Entrevistado por El Economista, el legislador, originario de Jalisco, recordó que “el año pasado, de cara a la aprobación del Ramo 23, la posición de Morena fue desaparecer este ramo del presupuesto, pero hoy se han dado cuenta de que no podemos satanizar un ramo como éste, porque es como se puede ejercer gran parte del gasto público que va a las entidades federativas y a los municipios”.

Lo que necesita en todo caso, como otros más, son reglas más claras para disminuir la opacidad, la discrecionalidad y combatir frontalmente la corrupción, destacó.

Por otra parte, mencionó que en las negociaciones para la aprobación del Paquete Económico para el 2020 es necesario reivindicar la existencia de estados y municipios que forman parte de la nación, y cuya voz tiene que hacerse presente en el diseño de uno de los instrumentos más importantes de política pública, que es el presupuesto federal.

Dijo que, tal como está configurada el proyecto de presupuesto, enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, se trata más de un presupuesto estrictamente nacional, concentrado en los programas prioritarios para el jefe del Ejecutivo federal.