“Intercambio de información fiscal generaría más amparos”

La entrada en vigor de las medidas de intercambio de información para evitar la doble tributación, como la ley FATCA y del Proyecto OCDE-G20 de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por su sigla en inglés), podrá desencadenar en México una lluvia de amparos, admitió Max Alberto Diener Sala.

En entrevista con El Economista, el procurador fiscal de la Federación aseguró que la entrada en vigor del Proyecto OCDE-G20 para combatir la evasión fiscal en las empresas multinacionales ha ocasionado que en México se lleven a cabo reformas más profundas para evitar la erosión de la base gravable.

Actualmente estamos en una fase de colaboración con todos estos países en el marco de la OCDE, en el que se está discutiendo que se emita un convenio multilateral donde existen 15 medidas que se tomarían para evitar que estas grandes empresas realicen este tipo de planeación fiscal , dijo.

¿Cómo se inserta la Procuraduría en la estrategia recaudatoria que tiene el gobierno para cerrarle la brecha a la evasión fiscal?

Básicamente la Procuraduría participa en el ámbito de los amparos, pero únicamente son los amparos donde se está juzgando la constitucionalidad. Normalmente son casos que llegan a la Corte o que están a nivel de los tribunales colegiados.

La labor o papel de la Procuraduría es defender las reglas y la constitucionalidad de esas reglas. Es relevante porque si las reglas o leyes se declaran inconstitucionales, se pierden todos los casos que estén sustentados en esos principios; ésa es la forma en que la Procuraduría contribuye a una recaudación eficiente.

Otras de la formas es con el diseño de nuevas regulaciones sobre el tema. Actualmente está en pleno análisis todo un paquete de reformas en el marco del G-20 y la OCDE que van dirigidas a grandes contribuyentes.

Eso va a implicar que se promuevan reformas en el marco fiscal mexicano para armonizarnos con estos países y evitar la erosión de la base gravable y el traslado de beneficios que realizan las grandes multinacionales a través de planeación fiscal agresiva, al pagar impuestos en países donde se tienen tasas bajas o nulas.

Es un tema muy importante a nivel global que va dirigido a grandes contribuyentes. Empresas que tienen ingresos por más de 750 millones de euros es sin duda una de las labores en la que estamos inmersos.

De aquí a que finalice el sexenio, ¿cuál es el reto de la política tributaria en México?

El trabajo que tenemos es simplificar el cobro de los impuestos. ¿Cómo? La visión que se tiene de política tributaria es a través de medios digitales electrónicos y por eso es tan importante el tema de la contabilidad electrónica, el tema del buzón tributario; todos esos puntos van a llevar a una ruta de automatización en el pago de los impuestos que algún día lograremos en México.

Si no tenemos una plataforma electrónica de contabilidad, difícilmente vamos a poder llegar a un sistema automatizado en el pago de los impuestos.

Otro reto es lograr un intercambio global de información. Es un tema que se ha detectado a nivel mundial, en donde la evasión y elusión que se provoca son sumamente relevantes, representan dos dígitos a nivel del PIB global. Ello implica que muchos países pierdan dinero.

De aquí al final de la administración se tendrá una conversión multilateral por primera vez en la historia que será muy efectiva en el intercambio de información para evitar la erosión de la base gravable. Por ahí irán las medidas de política tributaria que iremos soportando.

¿Prevé que el intercambio internacional de información generará una lluvia de amparos?

Puede ser, aunque es sano que en el sistema exista la defensa del contribuyente, es correcto que existan los medios de defensa. Lo importante es que esto se pueda ?desahogar y que al final de cuentas haya una definición independiente, que es el Poder Judicial.

Esto se da en todos los países, aunque hay sectores que son muy litigiosos, es parte del derecho que tienen los contribuyentes y es parte del sistema que existan los pesos y contrapesos, es natural. Por ende, no se descarta que los intercambios de información generen los amparos adicionales correspondientes, pero claro que se van a amparar y aunque es difícil que prosperen, es un tema que no podemos descartar.

¿Cuál es su evaluación de la reforma hacendaria a casi dos años de su implementación?

Tenemos información de que se han incrementado de forma relevante los ingresos tributarios que han pasado de 10 a 13% del Producto Interno Bruto. Eso es una señal muy importante en una época en donde se tiene una caída de los ingresos petroleros.

Las relaciones se han transformado mucho en este último año, y hoy en día gracias a la reforma fiscal tenemos mayores ingresos tributarios y estamos pudiendo compensar, aunque sea en parte, la caída en los ingresos petroleros que, insisto, de estar en un equivalente de un tercio de nuestros ingresos, hoy están en 18% del PIB, lo cual es una cifra muy baja.

¿Cuál fue el impacto de la reforma fiscal para la Procuraduría, y cuáles fueron los temas de mayor relevancia que ocasionaron la lluvia de amparos?

Nos hemos enfocado a atender algunos temas de constitucionalidad como la homologación del IVA en las fronteras, un tema que la Corte declaró ya constitucional. El tema que tiene que ver con los impuestos especiales para efectos de alimentos chatarras y también de bebidas azucaradas, entre otros de los amparos importantes.

Se tiene pendiente todavía el de contabilidad electrónica, que está pendiente en la Corte y el tema de las deducciones a las previsiones sociales. Otro de los temas que se declaró constitucional es el de las facturas apócrifas, que es muy importante porque había muchas operaciones que se hacían y no tenían sustancia. En este sentido se diseñó un mecanismo por medio del cual se transparente en una lista a aquellos contribuyentes que, se presume, utilizan este tipo de facturas y, de no presentar pruebas, se anulan estas operaciones.

También, el tope a las deducciones personales de la ley del ISR que se declaró constitucional dentro del paquete de la reforma fiscal.