Lectura 4:00 min
México requiere un nuevo pacto en seguridad social
En el país, sólo 40% de la población tiene derecho a los servicios de salud, pensión y vivienda; piden reestructurar el sistema.
La reforma al sistema de pensiones que se busque hacer en el país debe ser parte de una nueva reestructura de seguridad social en la que se atiendan tanto el nivel de cobertura, la pensión universal, los esquemas de beneficio definido y el sistema de cuentas individuales, consideró Pedro Vásquez Colmenares, autor del libro Pensiones en México: la próxima crisis (Siglo XXI Editores, México, 2012).
Para ello, será necesario que se tenga un nuevo pacto de seguridad social, pues en México ya no puede ser viable que sólo 40% de la población tenga derecho a los servicios de salud, pensión y vivienda, reiteró en entrevista.
“Tuvimos un pacto social en el siglo XX con la creación del IMSS (1943) y luego del ISSSTE (1959), pero no fue suficiente. Necesitamos un nuevo pacto social, en el que no sólo hablemos del sistema de pensiones, sino de reestructurar el sistema de seguridad social de México y eso puede ser la reforma social más importante del siglo XXI”, expuso el también socio director de Marpex Consultores.
A su parecer, en materia de pensiones, uno de los principales retos es resolver el equilibro de cada uno de los esquemas de beneficio definido, es decir, los beneficios que se ofrecen a los trabajadores como la manera en que se fondean.
Lo anterior lo comentó ante el reciente análisis que hizo la Auditoría Superior de la Federación sobre el sistema de beneficio definido, el cual calificó de financieramente insostenible.
En la Cuenta Pública del 2018, indicó que 66 instituciones públicas como IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE y universidades estatales tienen problemas financieros por manejar este tipo de esquemas de pensiones, debido a que no hay un equilibrio entre los beneficios que se ofrecen a los trabajadores y la manera en que se financian.
“Se requiere que cada sistema se responsabilice del equilibrio de sus beneficios. Por ejemplo, las universidades públicas decidieron por si mismas qué beneficios darían a sus trabajadores, pero no decidieron cómo se iban a fondear, entonces, se requiere de una corresponsabilidad de patrones y de trabajadores que tienen este esquema de pensiones”, dijo el experto en pensiones.
Todos deben cooperar
Con respecto al esquema de cuentas individuales que es manejado por las administradoras de fondos para el retiro (afores), Vásquez Colmenares expuso que se deben subir las aportaciones de 6.5%, mejorar el régimen de inversión y ampliar la oferta de rentas vitalicias.
Mencionó que, desde que se hizo la reforma en pensiones en 1997 se sabía que las aportaciones no iban a ser suficientes para garantizar una buena pensión a los mexicanos.
“Si se aumentan las aportaciones, se deben tener consenso tanto por parte del trabajador, como del empresario y del gobierno; todos deben poner de su parte porque el beneficio será para todos”.
Por un lado, dijo, los trabajadores deben contribuir más, pues de 6.5% sólo aportan 1.125% de sus salario; mientras que a las empresas, que aportan 5.150%, se les debe pedir que dejen de simular contrataciones de trabajos permanentes con honorarios y esquemas de outsourcing, y el gobierno, que aporta 0.225%, que esté más atento sobre estos problemas y genere sanciones severas.
Vásquez Colmenares enfatizó que otro de los temas más relevantes de la reforma en pensiones será la pensión universal, especialmente para la población que no cotiza en ningún sistema.
“La pensión que se paga a través de programas sociales no es universal, es una subvención, pero desde un punto de derechos sociales no brinda una protección generalizada y obligatoria”.
Concluyó que la reforma que se necesita, independientemente de discutir los cómo, debe atender cuentas individuales, beneficios definido y pensión universal. “No tenemos un problema de diagnóstico, sino una carencia de consensos”, finalizó.
Pedro Vásquez Colmenares
Es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con una maestría en Administración de Políticas Públicas por la Universidad de Columbia.
En el sector público, inició su carrera en 1989 como director general de Política de Ingresos de la SHCP; después laboró en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, donde también fue tesorero, entre 1994 y 1997. Fue director comercial de Afore XXI y después fue nombrado director de Finanzas del ISSSTE , donde desempeñó diferentes cargos.
