Amarrar a Televisa o soltar a Telmex para nivelar la TV de paga, ¿qué es mejor para el IFT?

Transcurrieron ya seis meses desde que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió, a través de su Autoridad Investigadora (AI), que Grupo Televisa es un agente con poder sustancial de mercado en la televisión de paga de 35 municipios del país. Es decir, Televisa es una empresa que podría influir en ese segmento de negocio con prácticas comerciales a su favor y presionar las operaciones de todos los otros competidores que también participan en el mismo sector, afectando así la competencia y concurrencia de actores.

El regulador IFT ha confirmado que sería en el primer trimestre del año 2022 cuando presentará la regulación “especial” que aplicará a Televisa en ese particular negocio de esas 35 plazas, pero entonces el mercado de la televisión de paga no será el mismo que en 2019 o 2020, cuando la Autoridad Investigadora comenzó a sospechar el posible poder sustancial de la compañía tras una compraventa de activos de video y fibra de Axtel ocurrida a fines del 2018; ni el mismo seis meses después de aquel 18 de noviembre de 2020 en que se atrevió a señalar otra vez a la televisora con esa denominación.

Esto lo recuerda bien el IFT, porque fue por una argumentación parca en este sentido, entre otros elementos, que el equipo jurídico de Televisa consiguió tirar en marzo del 2018 una primera denominación de poder sustancial de mercado en televisión de paga, pero a escala nacional que el IFT había anunciado una noche de viernes de abril de 2015 y de manera muy discreta a ciertos medios de comunicación.

Grupo Televisa, en lo que toca a esta parte, reconoce que se le viene encima una política regulatoria que impactaría las operaciones de todas sus empresas de televisión restringida —Izzi y Sky, principalmente— con cobertura particular en aquellas 35 localidades y por eso se ha adelantado ya con la interposición de recursos legales en contra de la resolución P/IFT/181120/436 del 18 de noviembre de 2020, porque sabe que en la revancha del regulador podría venir, en el peor de los escenarios, una política de revisión tarifaria de sus servicios, como en algunos casos ya padece también el agente económico preponderante del sector; inclusive, que podría obligársele a la separación contable.

Históricamente, Televisa había sido el primer cablero de México con su marca Cablevisión, pero luego de un ambiente cambiante hacia la convergencia que vivió la industria de telecomunicaciones por el que aparecieron nuevos actores como Dish o Totalplay, y la televisión abierta que entró en una etapa de ingreso con altibajos —de los que más se nutría entonces la compañía—, más la reforma sectorial de telecomunicaciones que siete años después de su construcción ha podido agregar más de 5 millones de nuevas suscripciones netas de TV de paga, fue que Televisa se arrojó a comprar varias cableras regionales y a crecer orgánicamente por todo el país a través de la marca consolidada Izzi Telecom, y al mismo tiempo intentó reforzar la operación de Sky con servicios agregados de voz e Internet, porque en los últimos años esa empresa no ha dejado de perder clientes en las mediciones netas. 

A excepción de su participación en la cablera TVI, que no está claro en sus reportes financieros cuánto dinero le costó, Grupo Televisa gastó 23,450 millones de pesos en la compra de marcas como Cablemás, Cablecom o Telecable, para crecer en televisión restringida por ese camino; y sólo entre los años 2015 y 2020, invirtió 1,174.4 millones de dólares en la construcción de nuevas redes propias para ofrecer al consumidor desde allí nuevos paquetes de servicios de múltiple play (voz fija, voz móvil, banda ancha, video y streaming), que significaron un susto para Megacable, el otro rival histórico del negocio fijo. 

En poco más de una década, Grupo Televisa lleva invertidos, al menos, 2,480 millones de dólares a su brazo de telecomunicaciones fijas, según los informes de la compañía a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Lo anterior y la configuración también de productos innovadores como Izzi TV y otros no tanto como el OTT Blim, dieron a Televisa el resultado de atender más de 13 millones 200,000 suscripciones de televisión restringida, el 64.46% del mercado nacional hasta el tercer trimestre del año 2020, independientemente de las tecnologías o marcas desde las cuales esa empresa se muestra al consumidor. 

Y desde la compra nacional de 227,802 clientes residenciales de video, voz e Internet y también de 4,432 kilómetros de redes fijas sobre fibra óptica que fueron de Axtel, la empresa Televisa incrementó notablemente su participación de mercado en 35 localidades del país, colocándose allí con una participación de entre el 64.2 y casi el 80% del mercado de televisión de paga de 35 esas localidades, que son ahora las que acercan a Grupo Televisa hacia una regulación especial y que ponen al IFT ante el aprieto de regular y de qué modo a Televisa o de allanar el ingreso de nuevos actores, por ejemplo, de permitir que alguna empresa de América Móvil ingrese al mercado de la televisión de paga en esos 35 lugares, llamados por el regulador como “mercados relevantes”. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones valorará entonces en su definición de política regulatoria sobre el poder sustancial de Televisa, la conveniencia de imponer lo que significaría una barrera para esa compañía y que ésta se ampare además ante el Poder Judicial contra cualquier resolución del IFT o que, por el contrario, quite la veda y le permita al otro gigante de la industria entrar a competir, por lo menos, donde Televisa es sobradamente dueña del mercado de TV de paga.

El discurso del IFT, dentro y fuera de México, ha sido en lo que va de sus siete años de vida aquél de no imponer, sino de quitar barreras y que sea la misma industria, a través de sus inversiones y productos innovadores, quien habilite la competencia del mercado.

“Cuando existe concentración o demasiado poder de mercado de uno de los agentes, es importante definir si las causas son acciones propias del agente o derivadas de las condiciones naturales del mercado. Y este es el punto focal de las políticas de competencia. A veces, los reguladores intentan colocar restricciones al agente, aunque lo más adecuado es crear condiciones para que otros agentes puedan ingresar y competir en igualdad de condiciones. Esto último, sería lo más adecuado en este caso en particular. Facilitar o permitir la entrada de otros actores traerá beneficios a los consumidores, ya que podrán tener mayores opciones a elegir o mejores precios derivados de la misma competencia. Y este debe ser el objetivo final de cualquier decisión que tomen los reguladores”, platicó Gerardo Mantilla, analista en Artifex Consulting y tiempo más atrás, regulador de telecomunicaciones de Venezuela.

Grupo Televisa no tiene anulada a su competencia, porque, incluso, en materia de inversiones a despliegues de red, Megacable invirtió más dinero en 2020 que esa compañía en fijo: un total de 8,080 millones de pesos, el doble que Izzi Telecom en el año; y también invirtió 500 millones de pesos más a redes que Izzi en el primer trimestre del 2021.

Pero factores como la salida de Axtel del negocio masivo, las dificultades financieras de Maxcom para crecer en el segmento residencial, la estrategia de Totalplay de ir primero hacia las plazas donde pueda conseguir más rápidamente el retorno de su inversión, un StarTV que recién comenzó a operar y un Telmex que tiene impedida la distribución de video, son una combinación de causas que han hecho de Televisa una marca con demasiada participación de mercado, quizá sin esperarlo. 

Mientras la Autoridad Investigadora hacía su trabajo de investigar a Televisa, radicada en los expedientes AVC-002-2018 y AI/DC-002-2019, la empresa Claro TV S.A. de C.V. solicitaba al mismo tiempo al IFT la concesión para comenzar a desplegar productos de video por todo México.

Esta compañía —propiedad de América Móvil, sobre la que no pesa alguna política regulatoria conocida por ser AMX empresa preponderante y que hace unos meses se fusionó con Claro Sat y que de paso consiguió una autorización para vender capacidad satelital en el país— tiene prometida una primera inversión de 6,029 millones de pesos (302 millones de dólares) para construir y contratar redes ya instaladas por donde enviar al consumidor productos de video, si el regulador IFT le habilita una concesión para este fin. 

En su promesa, Claro TV dijo que contrataría capacidad a la Red Compartida, un proyecto del Estado mexicano que es respaldado por el IFT, y que compraría también capacidad de fibra óptica a Telmex o al brazo mayorista de Telmex, la Red Nacional Última Milla, nueva empresa que igual es resultado de la política regulatoria del IFT para Teléfonos de México. 

Telmex, en solitario, insiste cada año en que se le permita ofrecer productos de video al consumidor. Ante la prohibición expresa escrita en su título de concesión y hasta que el regulador defina que esta compañía acreditó la totalidad de obligaciones establecidas en la regulación de preponderancia, la telefónica no ha podido cumplir ese sueño. Sin vulnerar la regulación del IFT, Telmex formalizó en 2019 una alianza comercial con Netflix para meter a ese OTT en sus paquetes de Infinitum y recién hizo lo propio con Disney+. 

Teléfonos de México afirmó en su último reporte financiero que cuenta con los recursos suficientes para vender televisión de paga y otros productos de video, además de una red de fibra óptica que supera los 300,000 kilómetros de extensión y resumidamente, la de mayor tamaño en el país. La inversión de esta empresa sumó 16,942 millones de pesos en todo 2020, el doble de lo invertido por Megacable y cuatro veces más que Izzi, pero sólo para poder vender servicios de voz y banda ancha, esto en el mercado masivo.

En el Instituto Federal de Telecomunicaciones se ha considerado recientemente esa posibilidad de permitir a Telmex entrar por fin al negocio de la televisión, por primera vez en 31 años desde que se privatizó esa telefónica. Pero esta determinación no derivaría directamente de una política regulatoria que responda al poder sustancial de Televisa, aunque sí una decisión ayude a la par a equilibrar la competencia en la televisión de paga y que de paso ayudaría a una compañía, Telmex, que lleva un lustro con pérdidas financieras, demostrables con sus reportes en la BMV, al permitírsele acceder a una nueva fuente de ingresos. 

Además, en distintas sesiones del pleno del IFT y resoluciones de diferentes años, comisionados de este órgano autónomo explicaron a sus colegas porqué una entrada de Telmex a la televisión volvería más competitivo ese mercado. Incluso, en resoluciones derivadas de revisiones a la política regulatoria que aplica a las empresas de América Móvil se ha comentado cómo pudiera beneficiar al consumidor y al equilibrio del mercado el hecho de que Telmex distribuya contenidos de televisión de paga. 

Alrededor de 14 millones de personas habitan en los 35 mercados relevantes donde Televisa fue hallada empresa con poder sustancial. Ellos son los directamente afectados en la calidad de la prestación del servicio y los precios. En caso que la televisión restringida haya perdido su equilibrio allí.

Para el resto de competidores queda valorar qué le convendría más: estirar su cartera de inversiones y mejorar sus ofertas para alcanzar algún día a Televisa o pensar los pros y contras de que Telmex distribuya televisión, aunque eso implique que entonces Telmex, quizá, pueda comprar Dish.