América Móvil sería la única en sobrevivir a la nueva política de impuestos por uso de espectro, calcula el IFT

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) exhortó al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda a estudiar un nuevo mecanismo de tributación por la explotación de bandas radioeléctricas que utilizan las compañías para la prestación de servicios como telefonía e Internet, pues los montos por pagos derechos que fueron planteados en el Paquete Económico 2021 para el próximo año respecto a esos insumos afectará la competencia del sector.

El regulador de telecomunicaciones detalló en principio que los pagos anuales por uso de bandas que se propusieron en la Ley Federal de Derechos (LFD) y que la Secretaría de Hacienda presentó el 8 de septiembre a los diputados para su estudio y ratificación, puede derivar en que la industria muestre poco interés en la compra de frecuencias adicionales para reforzar sus coberturas, lo que a mediano y largo plazos se traduciría en una menor calidad de servicio para el consumidor.

Esta autoridad también estima que algunos operadores continúen devolviendo frecuencias ante esa política de tributación y que al mismo tiempo se limiten las inversiones en la construcción de redes 5G, una tecnología que puede habilitar distintos procesos productivos, médicos, educativos y también con posibilidad de aumentar la conectividad a regiones desatendidas, más allá de ofrecer sólo aumentos de velocidad de navegación a usuarios de zonas urbanas.

Las tributaciones por uso de bandas radioeléctricas en México se conforman por dos criterios. El primero corresponde a un único pago por contraprestación que una compañía ofrece en concurso licitatorio para hacerse con la propiedad de un paquete de frecuencias y por un número determinado de años, mientras que el segundo criterio es fijado anualmente por el Congreso de la Unión, a través de la LFD.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha venido insistiendo en que México ya cobra un 60% más dinero por el uso de espectro, de una muestra de 40 países, y que la propuesta de la Secretaría de Hacienda elevaría esa cifra a 70 por ciento.

Hacienda prepuso a los diputados un incremento de 48% en los pagos de las bandas de 800 y 850 MHz, y planteó también valores en 186% arriba de lo propuesto por el IFT para las bandas de 600 MHz, Banda L y 3.3 a 3.6 GHz, todas, entre las más benéficas para los despliegues de 5TG en el país.

Aquella propuesta de la Secretaría de Hacienda consiste en que 80.5% del valor total de cada banda corresponda a los pagos de derechos anuales y que sólo el 19.5% corresponda al pago de la contraprestación por explotar el espectro.

A través de un documento enviado a la Cámara de Diputados y Hacienda, el IFT también advirtió que la LFD propuesta para el año 2021 repercutirá en barreras a la entrada de nuevos competidores en la industria que regula y que solamente el agente económico preponderante, Telmex y Telcel de América Móvil, tendría el músculo financiero para solventar estos gravámenes por el volumen de usuarios que atienden en el país, 75.37 millones de clientes celulares y 21 millones de cuentas fijas activas al segundo trimestre; y 62,884 millones de pesos por ingresos móviles entre abril y junio pasados.

“Este hecho inhibiría la entrada de nuevos competidores al tener que pagar altos montos por los derechos anuales y reforzaría la asimetría que existe en el mercado, ya que el impacto es mucho mayor para los operadores pequeños (nuevos o establecidos), en comparación con el que resiente el agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones, que logra distribuir mejor el costo entre su mayor número de usuarios”, dijo el IFT.

“Los precios altos por el espectro radioeléctrico, junto con el hecho de que la mayor parte corresponda al pago de los derechos contenidos en la LFD, resultan en barreras a la entrada a nuevos competidores en el mercado, desincentivan la participación en nuevos procesos de licitación, promueven la devolución de espectro al Estado, como ya ocurrió con AT&T y con todo el espectro de Telefónica, ponen en riesgo el despliegue de infraestructura y, potencialmente, podrían implicar incrementos en los precios de los servicios para los usuarios finales”.