CFC y SE arrancan campaña en favor de la competencia

Independiente a lo que el Congreso de la Unión discuta sobre la Ley Federal de Competencia Económica, el gobierno federal emprenderá una lucha antimonopolios en la que pondrán en marcha manuales dirigidos a las cámaras empresariales y sus asociaciones que prevengan las prácticas anticompetitivas, las cuales elevan precios de productos, bienes y servicios a los consumidores. Bruno Ferrari, titular de la Secretaría de Economía (SE), informó que la Comisión Federal de Competencia (CFC) trabajará de la mano con los industriales del país para evitar que realicen prácticas colusivas (como el caso de la tortilla) y posteriormente se proceda a sancionarlos por supuesto desconocimiento.

La CFC pretende comprometer a los organismos empresariales a difundir y promover los principios de competencia para privilegiar al consumidor, así como tener un canal de comunicación que informe sobre cualquier detección de colusión (ponerse de acuerdo para incrementar o fijar costos).

Industriales, comprometidos

Salomón Presburger, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo que hay compromiso de sus agremiados porque no quieren padecer sanciones; aunque los empresarios pretenden integrar el tema de los monopsonios para que se castigue no sólo a los dominantes en las ventas, sino también en las compras, que pudieran ser las tiendas de autoservicios o hasta el mismo Petróleos mexicanos o el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los manuales se trabajan entre la SE y la CFC. Serán anunciados en los próximos días.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, los consumidores pagan entre 30 y 50% más por los productos que adquieren de mercados dominantes.

El año pasado, el órgano antimonopolios pactó un acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios para prevenir prácticas desleales; acordó que los agremiados se abstengan a emitir recomendaciones sobre precios y condiciones de venta, además de no acordar o discutir precios, incrementos en ellos, márgenes de utilidad, posturas en licitaciones o cualquier cuestión relacionada.

Tanto las asociaciones locales como sus agremiados no deben aplicar políticas de membresía discriminatorias o excluyentes o limitar los mercados a los que tienen acceso los miembros.

Eduardo Pérez Motta planteó a los industriales la disposición de la CFC a facilitar el cumplimento de la ley. Estamos listos para llevar a cabo este tipo de trabajo preventivo con todas las asociaciones o cámaras empresariales a las que les sea útil , dijo Pérez Motta.

lgonzalez@eleconomista.com.mx