Contratos de utilidad compartida, difíciles de supervisar: Barnés

Los contratos de utilidad compartida, modelo que propone el presidente Enrique Peña Nieto en su propuesta de reforma energética, son los más difíciles de supervisar para el Estado, pues resulta casi imposible auditar los verdaderos costos de producción, enfatizó el exsubsecretario de Energía, Francisco Barnés de Castro.

Advirtió que no habrá utilidad que compartir si la empresa a la que se le asigna un contrato es ineficiente y no genera utilidades o si aparenta serlo para salirse con la suya , por eso propuso que los convenios se lleven a cabo con empresas serias.

Al participar en los foros del Senado sobre la reforma energética, Barnés de Castro destacó que de los modelos de participación privada vigentes en el mundo, los de licencia o concesión son los más sencillos y transparentes para su aplicación, mientras que los de riesgo compartido son los más adecuados para yacimientos que presentan menores riesgos de operación.

Mantener el monopolio de Pemex significa que el Estado siga asumiendo pérdidas multimillonarias en la refinación de petróleo muy superiores al presupuesto de combate a la pobreza , destacó.

Con esta visión estuvo de acuerdo Ernesto Marcos Giacoman, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, quien dijo que urge la transparencia para impedir que la renta petrolera se disipe en unos cuantos.

La soberanía del país sobre nuestros recursos petroleros radica en que el Estado capture de manera eficaz la renta petrolera generada por la explotación de los hidrocarburos, independientemente de la modalidad que se decida usar , declaró. Incluso pidió a los legisladores distinguir los argumentos y los datos duros de los dogmas y las simulaciones al debatir la reforma energética que el país requiere.

FOROS PERREDISTAS

Mientras tanto, en los foros alternos que organizan los senadores perredistas, Jorge Eduardo Navarrete López, exsubsecretario de Políticas y Desarrollo Energético de la Secretaría de Energía, consideró que la modificación a los artículos 27 y 28 de la Constitución dejarían sin efecto la protección que actualmente confiere el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a la reserva petrolera de México.

Afirmó que automáticamente se anularía la cláusula del TLCAN que protege al sector energético del país si se avala la reforma propuesta por el Ejecutivo federal.

Se pide al Congreso aprobar una carta blanca, una reforma constitucional que no podrá instrumentarse sin una legislación secundaria, de la que sólo se conoce un esbozo incompleto , dijo.

En su turno, el economista Jorge Calderón Salazar declaró que la iniciativa del Presidente conlleva riesgos severos al interés y a la soberanía nacional , toda vez que el sector energético queda expuesto a las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

tania.rosas@eleconomista.mx