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EU pide a México investigar posible violación de derechos sindicales en fábrica Tridonex

La representante comercial de Estados Unidos (USTR), Katherine Tai, y el secretario de Trabajo, Marty Walsh, anunciaron que solicitaron formalmente al gobierno de AMLO que revisara si a los trabajadores de la planta de autopartes de Tridonex en Matamoros, estado de Tamaulipas, se les niegan los derechos de libre asociación y negociación colectiva.

Foto EE: Archivo

Foto EE: Archivo

Estados Unidos pidió al gobierno de México revisar el caso sobre presuntas violaciones a la libertad sindical en una fábrica de la empresa Tridonex, productora de autopartes. En mayo pasado, la AFL-CIO y otros grupos presentaron la primera solicitud de un caso de respuesta rápida laboral en contra Tridonex en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Con ello, por segunda vez en un mes, Estados Unidos ha emprendido acciones bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC.

En un comunicado, la representante comercial de EU, Katherine Tai, y el secretario de Trabajo de EU, Marty Walsh, anunciaron este miércoles que Estados Unidos solicitó a México que revise si a los trabajadores de la planta de Tridonex, en Matamoros, Tamaulipas, se les niegan los derechos de libre asociación y negociación colectiva.

(“Esto) demuestra el compromiso de la Administración Biden-Harris con la aplicación de la ley laboral”, destacó la Representación Comercial.

“Hacer cumplir los estándares laborales más altos en el T-MEC es un pilar central de la política comercial centrada en el trabajador de la Administración Biden-Harris”, dijo Tai.

"El mecanismo de respuesta rápida se creó para abordar rápidamente los conflictos laborales, y este anuncio demuestra nuestro compromiso de utilizar las herramientas del acuerdo para defender a los trabajadores en el país y en el extranjero", añadió.

En tanto, el secretario de Trabajo de los Estados Unidos, Marty Walsh, dijo que “la capacidad de los trabajadores para ejercer sus derechos humanos fundamentales a la libertad de asociación y negociación colectiva sin represalias es esencial para construir sindicatos independientes en México”.

El caso está dirigido contra Tridonex, una empresa ubicada en Matamoros, con matriz en Filadelfia (Cardone Industries) y controlada por la canadiense Brookfield Asset Management.

En 2016, Cardone anunció planes para trasladar su división de frenos a México y despedir a más de 1,300 trabajadores en Filadelfia.

La AFL-CIO argumentó que los trabajadores de Tridonex han sido acosados y despedidos por sus esfuerzos para organizarse con un sindicato independiente, SNITIS, en lugar de un sindicato controlado por la propia Tridonex.

Como parte de las ilegalidades, argumenta la AFL-CIO y los otros grupos acusadores, Susana Prieto Terrazas, una abogada laboral mexicana y líder del SNITIS, fue arrestada y encarcelada el año pasado.

“La capacidad de los trabajadores para ejercer sus derechos humanos fundamentales a la libertad de asociación y negociación colectiva sin represalias es esencial para construir sindicatos independientes en México”, dijo Walsh.

“El uso de los mecanismos de aplicación de la legislación laboral en el T-MEC es un paso fundamental para asegurar que los trabajadores estadounidenses y mexicanos compartan los beneficios del comercio. Esperamos seguir trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno de México para resolver este asunto”, abundó.

El Representante Comercial y el secretario de Trabajo copresiden el Comité Laboral Intersecretarial de Monitoreo y Cumplimiento (ILC).

La ILC revisa las peticiones del Mecanismo de Respuesta Rápida que recibe, y la información que las acompaña, dentro de los 30 días.

Este miércoles, el Comité determinó que existe suficiente evidencia creíble de una denegación de derechos que permite la invocación de buena fe de los mecanismos de aplicación.

Como resultado, el Representante Comercial ha presentado una solicitud para que México revise si a los trabajadores de la planta de Tridonex se les niega el derecho de libre asociación y negociación colectiva.

México tiene 10 días para aceptar realizar una revisión y, si está de acuerdo, 45 días a partir de hoy para remediar.

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