En 123 municipios del Edomex existen barreras para vender Internet fijo y no es por culpa de la industria telecom

En 123 de los 125 municipios que integran el Estado de México, es decir, en el 98.4% del territorio mexiquense, existen barreras que afectan a la competencia y concurrencia de empresas interesadas en vender servicios de Internet de banda ancha fija de alta velocidad a los consumidores de esa entidad, que acoge a 17 millones de habitantes y que representa también el 8.92% del PIB mexicano total para 2021.

Son barreras a la competencia que no son impulsadas por agente económico alguno de ese sector, como sí pudiera ocurrir en otros mercados de telecomunicaciones. En el Estado de México son barreras de tipo normativo construidas a todos los niveles de gobierno, ideologías políticas y en distintas fechas, que terminan por complicar el despliegue de red y la oferta de ese servicio en particular.

Un informe de un centenar de páginas de la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), radicado en el expediente AI/DC-001-2018, resolvió en definitiva hace unos días que las engorrosas normativas, tarifas y tiempos de resolución del Estado de México, a nivel estatal y municipal, para conseguir licencias que amparen la construcción de redes en esa tierra, significan barreras para la entrada de nuevos actores y también son barreras para el crecimiento allí mismo de los operadores que ya se encuentran establecidos en el estado.

En dicho estado existen indicios de la existencia de barreras a la competencia que restringen el despliegue de infraestructura pasiva y, en consecuencia, la provisión de servicios de telecomunicaciones fijas”, dijo la Unidad Investigadora del IFT.

“Son barreras normativas que restringen la entrada y expansión de oferentes, toda vez que elevan los costos de desplegar una red propia, pues los proveedores deben asignar mayores recursos a la gestión de diversos trámites, requisitos, tiempos de resolución y pagos de derechos, lo que a su vez genera que los oferentes tarden más en alcanzar una masa crítica de suscriptores que le permita entrar o competir de manera rentable”, resumió la AI.

La penetración de Internet en el Estado de México era de 78.6% en 2020, de los grados más elevados en la comparativa nacional, pero también indicativo de que 22 de cada cien mexiquenses todavía carecen de una conexión a Internet.

En el Estado de México, el 99.95% de los accesos al servicio de Internet fijo es proporcionado a través de redes cableadas, sean infraestructuras basadas en cobre, fibra óptica o cable coaxial. Más a detalle, el Internet fijo del Estado de México corre en un 44.43% por redes de cobre; otro 32.26% va por red de cable coaxial y sólo un 23.26% viaja por redes evolucionadas de fibra óptica. El resto, un 0.05%, son productos de Internet fijo que se ofrecen de manera inalámbrica.

La cuestión para los consumidores mexiquenses no radica tanto en que la prestación de su servicio de Internet fijo viaje por red de cobre y a velocidades promedio de 256 kbps a 320 kbps, muy contrario a la vecina CDMX donde el promedio mínimo en cobre es a 5 megas.

El problema serio está en que las redes fibra óptica que permiten a los operadores ofrecer potentes paquetes de Internet se encuentran instaladas prácticamente en los municipios que permiten un mayor y pronto retorno de inversión, y también porque la normativa del gobierno del Estado de México obstaculiza que la industria pueda expandirse con redes más evolucionadas hacia municipalidades con mercado de menor rentabilidad, resolvió la Autoridad Investigadora del IFT.

Además de que los mexiquenses pueden pensar poco en emprender un negocio digital o en un servicio social en la red por la calidad de su conexión a Internet, la normativa que mantiene el gobierno del Estado de México afecta el derecho humano de sus ciudadanos, pues el acceso a Internet y su conexión digna es un derecho humano consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la reforma sectorial de telecomunicaciones promulgada por un mexiquense en el año 2013.

Los municipios mexiquenses poco facilitan que la industria avance pronto sobre sus territorios con mejoras de red o con la construcción por primera vez de las mismas, pues así como el gobierno estatal despliega sus propias políticas en la materia, las alcaldías tienen también sus propias normativas y tiempos para resolver las solicitudes de las empresas del sector.

Ocurre, por ejemplo, que algunas autoridades establecen tres requisitos mínimos para iniciar trámites, pero otras exigen 16. Y los cobros por trámites van de los 47 a los 29,000 pesos, según la autoridad y el municipio. Los tiempos de resolución son todavía más notorios: hasta 126 días hábiles para solucionar un trámite de registro de perito de obra.

El problema crece cuando una red cruza al municipio vecino y allí el mismo permiso pierde validez o vigencia, o porque no existe un trámite equivalente al que establece el otro municipio. Además, la totalidad de los trámites deben seguirse en modo presencial, en tiempos de pandemia. Casi ningún municipio ofrece ventanilla digital, dijo la Autoridad Investigadora.

Y casi ningún municipio también discierne qué trámite debe seguir como proceso local de permiso o como un cobro de impuesto. El claro ejemplo lo cuenta el municipio de Amanalco y su ya legendario intento de cobrar impuestos locales a Telmex por construir red, cuando la empresa ya pagaba impuestos federales.

Todo esto ha repercutido en un mercado local de Internet fijo de un contexto con pocos actores y menor oferta y atractivo para una populosa entidad como es el Estado de México, el más poblado del país.

Este contexto ha permitido entonces que en 53 mercados relevantes o municipios de los 123 señalados, sólo exista un oferente de un servicio de Internet de banda ancha; y de los 123 municipios, el actor líder del mercado, sea la marca que fuere, éste operador cuenta con al menos el 35% del negocio de Internet y si ese actor fue líder en 2015, también lo fue en 2018, por las barreras que significan las normativas gubernamentales.

En el Estado de México operan de modo masivo las marcas Totalplay, Telmex, Megacable e Izzi Telecom. Y si bien la denominación de agente económico preponderante que incumbe a Telmex debería apoyar a las terceras empresas a interesarse por la infraestructura pasiva de ese operador para expandirse por todo el Estado de México, ocurre que no es de su interés por ser red de cobre o porque a pesar de ser fibra óptica la infraestructura pasiva, las normativas vuelven a complicar los despliegues de nuevas ofertas.

“No existen condiciones de competencia efectiva en 123 mercados relevantes (…) Se detectó la existencia de barreras a la entrada consistentes en altas inversiones en infraestructura de red; difícil acceso al financiamiento; altos niveles de concentración; pero sobre todo, las disposiciones jurídicas que restringen la entrada y expansión de los oferentes del servicio de banda ancha fija”, dijo la Autoridad Investigadora.

La Autoridad Investigadora emplazó y emitió diversas recomendaciones a distintas autoridades del Estado de México, competentes en la materia, entre ellas a la oficina del gobernador Alfredo del Mazo.

Esas autoridades no intentaron desvirtuar los diagnósticos de la AI, pero sus respuestas resultaron inoperantes y con poco eco para mejorar la competencia y concurrencia en el negocio de Internet fijo mexiquense.

“La Autoridad Investigadora propuso aprovechar los mecanismos ya existentes en el Estado de México, a fin de transparentar y simplificar los requisitos, trámites y procesos administrativos (…) Si bien, el gobernador señala que existe un Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios, el cual facilita el cumplimiento regulatorio y brinda certeza jurídica, al prever los servicios, requisitos, plazos y cargas tributarias de las dependencias estatales y municipales, también reconoce que ese catálogo debe ser integrado y actualizado por los sujetos obligados”.

kg