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En México, 4 de cada 10 productores rurales tienen más de 60 años de edad

El envejecimiento de la población rural ha sido más acentuado, debido a la migración nacional e internacional de los jóvenes, plantean la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la FAO.

En México, cuatro de cada 10 productores rurales tienen más de 60 años de edad, lo cual impone retos a la política económica y social dirigida al medio rural, pues la capacidad productiva se reduce en edades avanzadas por la disminución de las capacidades físicas. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, publicada en julio del 2018 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 38.6% de los productores mexicanos tiene más de 60 años de edad, proporción similar a la registrada en el 2014 cuando era de 40.5 y en el 2012 cuando era de 38.6.

Según las proyecciones oficiales, a escala nacional, es decir, tanto en zonas urbanas como rurales, en el proceso de envejecimiento de la población se presentan cambios en la relación entre grupos de población. Así, mientras en el 2005 había 21 adultos mayores de 60 años por cada 100 niños, se prevé que esa relación se irá incrementando y con el tiempo llegará a 88 adultos por cada 100 niños en el 2032 y se duplicará hasta 167 adultos mayores por cada 100 niños para el 2051.

De acuerdo con el “Estudio sobre el envejecimiento de la población rural en México”, realizado por la Secretaría de Agricultura y la FAO, en el medio rural el envejecimiento de la población ha sido más acentuado, debido principalmente a la migración nacional e internacional de la población joven en edad productiva.

La salida de la población ha dado como resultado que existan localidades con presencia mayoritaria de niños y ancianos en entidades tradicionalmente migratorias, pero que tiende a generalizarse.

Los datos muestran que los responsables de las unidades económicas rurales tienen, en promedio, 54.6 años y que casi 60% tiene más de 50 años, es decir, sólo un poco más de 40% de los responsables es joven y dentro de ese grupo la mayoría es mujer.

Lo grave del asunto es que la presencia mayoritaria de productores rurales en edades avanzadas tiene implicaciones para la producción, el manejo y administración de los recursos naturales en el sector agropecuario.

Si se analizan los rangos de edad por zona económica, se observan comportamientos ligeramente diferentes en el sureste y en la península de Yucatán, donde hay mayor presencia relativa de productores jóvenes de entre 15 y 29 años y menor de aquellos mayores a 60 años.

La proporción mayor de personas de 59 años se encuentra en el occidente, con 42%, seguido del noroeste, con 41%, y en norte, con 38 por ciento. 

Los que tienen menos proporción de personas de más de 59 años son el sureste y la península de Yucatán, con 31% en ambos casos.

Ante esa situación, la Secretaría de Agricultura y la FAO plantean que el remplazo por generaciones jóvenes podría presentarse siempre y cuando la presencia actual de productores jóvenes en el sector agropecuario garantice ese remplazo que haya hijos que estén dispuestos a continuar con la unidad de producción familiar.

Eso implica que las actividades agropecuarias proporcionen los incentivos necesarios para retener o atraer a la población rural, ya que de otra manera el costo de oportunidad de la población rural joven los reorientará hacia actividades económicas alternas más rentables. 

Al no existir un relevo generacional que traiga mayor dinamismo al sector agropecuario aparecen nuevos retos que estarán relacionados con mantener los niveles necesarios de producción de alimentos.

diego.badillo@eleconomista.com.mx

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Periodista mexicano, originario de Amealco, Hidalgo. Editor del suplemento Los Políticos de El Economista. Estudié Sociología Política en la Universidad Autónoma Metropolitana. En tres ocasiones he ganado el Premio Nacional de Periodismo La Pluma de Plata que entrega el gobierno federal. También fui reconocido con el Premio Canadá a Voces que otorga la Comisión Canadiense de Turismo, así como otros que otorgan los gobiernos de Estados Unidos y Perú.

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